23 de diciembre de 2012
23.12.2012
Editorial

La isla no admite más presión urbanística

23.12.2012 | 07:30
La negra sombra del cemento y sus derivados vuelve a planear y a presionar sobre el territorio mallorquín ya lesionado en exceso. Diario de Mallorca ha desvelado esta semana cómo, desde las altas instancias del PP balear y más en concreto desde el Govern, se está estructurando un plan para liberalizar mayor cantidad de territorio y tolerar nuevas construcciones y demasiados usos en suelo rústico. Es un plan no reconocido por el partido de gobierno pero que, como ha quedado claro en las informaciones publicadas por este periódico, está documentado. El asunto ha llegado a provocar división y tensión en el seno del PP. A nivel institucional, también entre el Govern y el Consell.
El Ejecutivo autonómico pretende que el Consell modifique el actual Plan Territorial de Mallorca para que se pueda construir más de una vivienda en las parcelas de 7.000 metros y que las naves de explotación agrícola puedan diversificarse para otras actividades. El órgano insular competente para la gestión del suelo ha recibido tal pretensión como poco menos que una aberración y se ha manifestado molesto por lo que considera una clara invasión de competencias. Esto, por lo menos, es lo que ha manifestado la presidenta del Consell, Maria Salom.

La presión es consistente. El conseller de Turismo, Carlos Delgado, está convencido de que la sociedad balear necesita sacudirse los "complejos" que pesan sobre lo que el considera excesiva protección del territorio hoy no urbanizable. Dice que reconvertir parte de este suelo es un camino idóneo para luchar contra la estacionalidad turística. A mayor diversificación de posibilidades constructoras y de usos del territorio, más posibilidades de captar nuevos turistas, viene a decir. No ha contemplado que la pérdida de valores ecológicos, de espacio natural y de paisaje en armonía puede ser también un factor determinante de rechazo de Mallorca como destino vacacional. La clientela europea, tanto real como potencial, parece decantarse por esta última posición antes que por la apuntada por el conseller. Se impone la cautela y la prevención porque cualquier alteración en forma de mayor presión sobre el paisaje mallorquín puede volverse irreversible, tanto por lo que respecta a la calidad de vida de los residentes como por la solvencia del mercado turístico, en cuanto a oferta local. Basta mirar cómo los competidores más directos de Balears cuidan con particular esmero sus bienes naturales.
La inquietud no se centra sólo sobre una presumible alteración del actual Plan Territorial de Mallorca en cuanto a suelo rústico. De modo paralelo, también se ha sabido que la patronal de la construcción aspira igualmente a su modificación para poder liberalizar suelo no urbanizable de Palma y poder iniciar de este modo la promoción de nuevas urbanizaciones. Aseguran que en este momento el número de pisos nuevos en venta en la ciudad no alcanza el millar y pretenden poder ofertar hasta 12.ooo más, al ritmo de 1.700 anuales, hasta 2019. Indican que las previsiones del INE aconsejan este planteamiento que, en todo caso, parece una posición interesada y parcial porque no contempla las viviendas de segunda mano, las casas cerradas y el efecto real o las alteraciones que produce la crisis económica sobre el movimiento demográfico.

A partir de una interpelación del PSM, el president Bauzá aseguraba el jueves en el Parlament que su Govern "no tiene la menor intención de incrementar la presión sobre el suelo rústico". Se manifestó predispuesto a comprometer tal afirmación por escrito ante notario, pero no concretó conceptos ni términos sobre el particular. Todas las posibilidades quedan abiertas pues. El Ejecutivo no sostiene un pronunciamiento unilateral. En cualquier caso, está claro que en este momento la apertura de nuevas vías constructoras en Mallorca debe analizarse con suma prudencia y sensatez.

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