La llegada de Alberto Fabra a la Generalitat valenciana ha oxigenado la comunidad autónoma y ha personificado el comienzo de una nueva etapa en la ejecutoria del PP regional. Sin embargo, las situaciones de la política autonómica valenciana y del PP en ella son insostenibles. Y ello es así objetivamente y en cualquier circunstancia, pero la crisis económica agrava evidentemente la trascendencia de la corrupción porque es mayor la sensibilidad de una ciudadanía fuertemente golpeada por la coyuntura y muy descontenta con la gestión política del país.
El último paso procesal del tratamiento judicial de la corrupción valenciana ha sido la imputación de Rafael Blasco, hombre fuerte del PP, parlamentario regional y portavoz del PP en la asamblea, por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Según la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Blasco, durante su etapa de consejero de Cooperación de la Generalitat valenciana, entre 2008 y 2011, habría formado parte de una estructura corrupta que desvió 4,4 millones de euros en beneficio propio de subvenciones destinadas a proyectos humanitarios en el tercer mundo. En este sumario, correspondiente al ´caso Cooperación´, hay ya 27 imputados, entre ellos el empresario Augusto César Tauroni, considerado cabecilla de la trama y actualmente en prisión.
El caso en sí es especialmente repugnante. Primero, porque el dinero desviado iba destinado a rescatar de la miseria a colectivos de desheredados en Nicaragua, Haití o Guinea Ecuatorial. Y, además, porque las conversaciones grabadas y aportadas ante la justicia son especialmente comprometedoras por racistas: en ellas se llama "negratas" a los beneficiarios de aquellas ayudas frustradas, en la voz de Tauroni. De momento, Blasco dice que se aviene a renunciar a la portavocía del grupo popular pero no al escaño.
En definitiva, el partido liderado por Albert Fabra tiene que lidiar con diez imputados por delitos de índole económica en un grupo parlamentario regional formado por 55 miembros. Y además debe sobrellevar otros asuntos de corrupción igualmente vistosos, como el de Carlos Fabra en Castellón, o el de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
La situación no es sostenible y el Partido Popular tiene que ponerse a la cabeza de la depuración de una región en que el ´caso Gürtel´ ha hecho también estragos. No se puede hablar de ética pública mientras se mantiene a personas imputadas en cargos de representación y responsabilidad. Ningún respeto humano puede justificar que la nueva dirección regional no aparte con toda las cautelas, y preservando la presunción de inocencia, a quienes en apariencia han abusado de la confianza recibida y son por ello objeto de persecución penal.
Quienes defendemos a la clase política de la democracia porque sin ella el régimen pluralista sería inviable y porque estamos seguros de la honradez de la inmensa mayoría de sus miembros, no podremos seguir haciendo esta ingrata tarea si no se nos facilita el camino, si no se excluye de una vez y con la debida rotundidad a los señalados por la Justicia como probables autores de corruptelas indecentes, hasta que se aclare definitivamente lo sucedido.
