El tiempo apremia. El comportamiento, ayer, de los grandes indicadores bursátiles sugiere lo que ya se sabía: que los mercados habían descontado hace meses el cambio en España y que, aun comprendiendo que el equipo vencedor en las elecciones del domingo tiene que tener un margen de tiempo para ponerse a los mandos del navío, la presión no cesará hasta que Mariano Rajoy tome las primeras decisiones relevantes. Unas decisiones que no son todavía públicas porque el presidente del Gobierno electo ha mantenido una campaña de muy bajo perfil, en parte para no adquirir compromisos que no pueda cumplir –"no habrá milagros", recordó en su discurso tras el triunfo electoral– y en parte para no movilizar al electorado socialista, que –como se ha visto– había abandonado en gran parte las adhesión a su antigua lealtad.

Como se ha recordado estos días, el proceso institucional que formaliza el traspaso de poderes está pautado. El decreto de convocatoria de las elecciones establece el 13 de diciembre para la constitución de las nuevas Cortes, y habitualmente se ha dejado transcurrir un plazo de dos semanas hasta que tiene lugar la sesión de investidura de la que surge el nombramiento oficial del nuevo presidente del Gobierno. Sin embargo, y como Ruiz-Gallardón explicó la pasada semana, España se encuentra en una coyuntura económica delicada y excepcional, por lo que este proceso tan premioso y dilatado debería abreviarse en aras a la estabilidad del país. En consecuencia, y dada la dificultad de modificar el decreto que fija el día de constitución del Congreso, el todavía alcalde de Madrid avanzó que el PP abriría a partir de ayer, una vez celebradas las elecciones, una ronda de contactos con las demás formaciones políticas para que la toma de posesión de Rajoy se produzca a la mayor brevedad.

De cualquier modo, lo realmente urgente no es que Rajoy sea investido sino que anuncie la hoja de ruta y el equipo con la que piensa recorrerla. En concreto, Rajoy será invitado el próximo día 7 al cónclave de partidos conservadores previo al trascendente Consejo Europeo del día 8, al que todavía asistirá formalmente Rodríguez Zapatero, y para entonces ya debería conocerse tanto las líneas generales del plan de choque con que el nuevo gobierno se asegurará el cumplimiento de los compromisos de déficit para este año cuanto las líneas generales de un plan a de ajustes y reformas a medio y largo plazo, que lógicamente sólo se concretará cuando el nuevo Ejecutivo, tras tomar posesión, se haya puesto a los mandos del Estado y conozca con cierto pormenor la situación de las cuentas públicas. Parece evidente que antes de esta cumbre europea Rajoy ya debería haber nombrado a su vicepresidente económico, que habrá de ser quien negocie en Bruselas y marque las pautas técnicas de nuestra reinstalación en el Eurogrupo.

En definitiva, nos encontramos en una situación económica de emergencia –este país no puede seguir acumulando préstamos a precios estratosféricos– que requiere decisiones rápidas y contundentes, con independencia de que el protocolo democrático siga su curso con la mayor rapidez que permita la propia legalidad formal. El voto masivo al PP ha sido, en el fondo, una reclamación entre confiada e implorante de más y mejor dirección política en estos tiempos de desorientación y desconcierto, y no sería bueno frustrar estas expectativas. Como no sería prudente demorar la respuesta que esperan también nuestros socios comunitarios.