El magistrado Antonio Garcías Sansaloni ha remitido a la Audiencia Nacional la denuncia contra los aviones espías estadounidenses que utilizan Son Sant Joan como aeropuerto de paso. La razón no es otra que la implicación de ciudadanos extranjeros en un más que probable delito: la detención ilegal y el traslado de personas a cárceles como Guantánamo donde prevalece la ley de talión. En su auto, el juez mallorquín señala que los hechos denunciados se cometieron fuera de nuestras fronteras, lo que le obliga a inhibirse a favor de los juzgados centrales de instrucción. Será, pues, la Audiencia Nacional la que reciba y juzgue este caso que le llega justo después de que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que la justicia española es competente para tratar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque se cometan fuera de España y las víctimas no sean españolas.
Sin duda este será un buen caso para este tribunal. Un juicio para demostrar que los derechos humanos son los mismos para todo el mundo. La presencia de los aviones espía en Son Sant Joan fue denunciada por un grupo de ciudadanos encabezados por el letrado Ignaci Ribas, pero el fiscal jefe, Bartomeu Barceló, archivó las diligencias previas. No vio indicio de delito o consideró, simplemente, que la justicia española no debía o podía intervenir. Sin embargo, fue posteriormente cuando la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados tomó cartas en el asunto y denunció los hechos que han dado lugar al auto de traslado a la Audiencia Nacional. La presencia y el modo de operar de la CIA son harto conocidos. El aeropuerto mallorquín se ha utilizado como base o escala en unas operaciones presumiblemente delictivas que, siguiendo los guiones de las peores películas de espías, no respetan nada ni a nadie. Está probado, por lo menos, que en más de una ocasión los secuestrados han podido demostrar ser inocentes. Otros no lo habrán conseguido y serán víctimas colaterales de la llamada guerra preventiva.
Hasta ahora, sin embargo, las autoridades españolas han dado la callada por respuesta cuando se les ha preguntado sobre la presencia de estos aviones espía en Mallorca. Seguramente, el gobierno socialista prefirió no incordiar más a Estados Unidos tras retirar las tropas españolas de Irak, pero no por ello debería dejar de condenar una evidente vulneración de los derechos humanos. Este silencio cómplice quizás se justifique políticamente, pero choca frontalmente con las reiteradas llamadas de Zapatero a que se cumpla la legalidad internacional. Por eso mismo es de agradecer que la denuncia de los abogados mallorquines no se haya parado en nuestro Palacio de Justicia sino que haya levantado el vuelo hacia la Audiencia Nacional.
Las leyes están para que se cumplan. Y nadie, por muy presidente de los Estados Unidos que sea, puede ordenar el secuestro de personas. Ni siquiera en la guerra vale todo. En todo caso la detención de cualquier sospechoso debe hacerse con todas las garantías de la ley. Por eso es intolerable que se autorice el paso de estos aviones por Mallorca. Una presencia que ha podido ser comprobada y que ha tenido un amplio eco internacional. Desde hace meses Diario de Mallorca reclama explicaciones que den luz sobre este escándalo. Lo mismo hacen otros periódicos tan importantes en el mundo como el New York Times, el Washington Post, Newsweek, Le Monde, el Der Spiegel o el Corriere Della Sera y emisoras de televisión como la CBS y la BBC. Todos han publicado Informaciones que hablan de atentados contra los derechos humanos relacionados con vuelos directos e inconfesables entre Mallorca y Guantánamo.
