La llamada 'Mesa del Diálogo Social', la cumbre entre Govern, sindicatos y empresarios que se reunió ayer para debatir sobre la crisis turística que afecta a Balears, prepara una agenda de trabajo interesante, pero, y permítanme que haga de abogado del diablo, tan insuficiente como poco creíble. Se habla de una campaña de inspecciones contra la oferta residencial ilegal, cuando debería omitirse la palabra "residencial" para extenderla a toda la "oferta vacacional ilegal". Y las inspecciones, ¿contra quién?, ¿dejarán por fin de ser a la carta? ¿No ha habido algún hotel cerrado por orden judicial, que incumplia la normativa, que ha sido reabierto por la gracia del propio Govern? Lo demás es el sonsonete de siempre: desestacionalización, favorecer el turismo náutico, analizar los efectos del todo incluido, mejorar la oferta complementaria, reconversión hotelera. Y aún así, suponiendo que la agenda se cumple como manda la ley, que es mucho suponer; suponiendo que se eluden amiguismos y revanchismos, que resulta altamente improbable, ¿qué valor añadido a lo que ahora ofrece Balears hará que los turistas elijan estas islas de entre toda la geografía del mundo mundial?
