La crisis habitacional que azota Baleares hace aflorar nuevos casos de violencia machista

La crisis de la vivienda en las islas está provocando nuevos casos de violencia machista. Expertos en la lucha contra la violencia de género en Baleares han dado la voz de alarma. El gravísimo problema de acceso a un hogar en el archipiélago está haciendo aflorar episodios de violencia sobre las mujeres. Jueces, fiscales o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados en la materia han corroborado el problema que supone la actual crisis habitacional en las islas.

Joaquín Andrés, magistrado del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Palma, explica que el problema de la vivienda en Baleares provoca «situaciones de indeseable convivencia». Según el magistrado, «se dan casos de que dos personas que ya no tienen ningún vínculo tienen que vivir juntas bajo el mismo techo porque ninguna de las dos puede vivir independiente económicamente». Entonces, una pareja que está rota sigue manteniendo una convivencia que ya no desean, «pero que se ven obligados por las circunstancias, porque ninguno de ellos, si a lo mejor han comprado una vivienda y están pagando una hipoteca, tiene capacidad ni para comprar la otra parte al otro ni para vivir de alquiler», añade el magistrado. «Evidentemente, en este caso se dan situaciones que cualquier cosa molesta», reconoce Andrés. «Yo creo que estamos cambiando modalidades de convivencia y eso tenemos que aceptarlo. El problema de la vivienda yo creo que es importante», alerta el juez especializado en violencia machista.

Protocolo Cero, la guía policial para las mujeres que no denuncian

Concepción Ariño, fiscal delegada de violencia de género en Baleares, comparte con el magistrado el hecho de que la crisis habitacional influye en los nuevos casos de violencia machista detectados en las islas. «Separaciones que podrían acabar amistosamente, como ahora no pueden dejar de compartir la vivienda, la situación se enrarece y acaba con episodios de violencia de género», apunta Ariño.

«No podemos olvidar tampoco la parte emocional de la víctima. Ellas se preocupan por su agresor. ‘Si me quedo yo con la casa, él dónde va ir’ se preguntan», subraya Verónica Domingo, guardia civil con 17 años de experiencia en el Equipo Mujer- Menor (EMUME), especializado en violencia de género.

Baleares, líder en víctimas

El archipiélago es la comunidad con la tasa más alta de víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres en toda España. En 2023 la tasa en las islas fue de 124,8, por encima de la media nacional (79,4). Las denuncias presentadas el pasado año en Baleares, casi 8.000, subieron un 13,7% respecto a 2022 y el número de víctimas creció un 16,3%, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

«Balears es una comunidad turística. En verano aumenta mucho la población y también existen casos de violencia machista de turistas. Tenemos una población flotante que crece y eso influye en las cifras. Pero sobre todo hay una gran concienciación, ya que cualquier hecho o sospecha se va a investigar y se va a proteger a la víctima ante cualquier indicio», recalca la inspectora Rocío Soleto, jefa de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Investigación de la Policía Nacional, con casi 28 años de experiencia en la materia.

El magistrado Joaquín Andrés también se refiere al fenómeno turístico para justificar la abultada estadística. «Creo que siempre es bueno que se denuncie. Es algo positivo porque demuestra también que hay una cierta confianza en los medios policiales y judiciales», detalla.

Otro dato revelador es que una de cada cuatro víctimas de violencia de género en las islas no declara contra su agresor. «Esto se debe a muchos factores. Creo que hay una dependencia emocional en muchos casos, también una dependencia económica o miedo. Es una realidad multifactorial compleja que depende de cada caso. La Policía tiene el Protocolo Cero en estos casos», recuerda el juez. La fiscal Ariño apunta por ejemplo a aquellas víctimas que renuncian a declarar porque no cuentan con apoyo familiar, al ser de fuera, y recae sobre ellas todo lo relativo al cuidado de los hijos.

«Cada vez hacemos más Protocolos Cero si ellas no se atreven a denunciar. Intervenimos nosotros», indica el inspector Pedro López, jefe de UFAM Protección.

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