Miles de reclamaciones contra las aerolíneas a través de empresas colapsan los juzgados de Palma

La Justicia está más saturada que nunca en las islas. Los retrasos son generalizados y la sensación de desánimo y hartazgo se extiende entre los operadores jurídicos. La falta de medios y de personal es crónica. Los jueces están desbordados. En alguna jurisdicción, la carga de trabajo se ha duplicado o triplicado. La litigiosidad se incrementa y, pese a que los magistrados resuelven cada año más asuntos, la cifra de casos pendientes va en aumento.

«En casi todas las jurisdicciones se ha incrementado la capacidad de resolución respecto al año anterior. Cada año se está resolviendo más, pero llegamos a un punto en que ya no va a haber más capacidad resolutoria, porque es que ya no se da más de sí», alerta Sonia Vidal, jueza decana de Palma.

A día de hoy, los juzgados civiles de la isla son los que están más saturados y han superado en colapso a los juzgados de lo contencioso-administrativo, que arrastraban una pendencia de años atrás. Uno de los motivos por los que, ahora, los juzgados de primera instancia son los más colapsados es el alud de reclamaciones contra aerolíneas a las que tienen que hacer frente.

Cuatro juristas mallorquines responden: ¿Cuál es la causa del colapso de la Justicia en Baleares y qué solución propone?

Un aluvión de 5.000 reclamaciones de vuelos registradas en 2023 colapsan la jurisdicción civil. Antes, eran los juzgados de lo mercantil los que asumían estos asuntos. «Antes entraban en mercantil 3.000 reclamaciones de vuelos», recuerda Vidal. Por tanto, en un año prácticamente se han duplicado los asuntos contra las aerolíneas. A ello, hay que añadir otro tipo de reclamaciones económicas como los 16.000 procedimientos monitorios que fueron presentados en 2023 en los juzgados de primera instancia de Palma, que soportan una carga total de más de 36.000 asuntos al año. A modo de ejemplo, en un solo día, el viernes de la semana pasada entraron 400 asuntos en civil estrictamente, apunta la jueza decana de Palma.

Uso abusivo de las empresas

Sonia Vidal alerta de que determinadas empresas están haciendo un uso abusivo de la ley en cuanto a la reclamación de pequeñas cantidades de dinero o cantidades moderadas en materia de transporte aéreo por retrasos u otros problemas en vuelos: «Existen entidades a las que el particular les cede sus derechos de reclamación. La empresa lo que hace es entrar una parte con abogado y procurador, por lo cual utiliza la sede telemática, pero nos envían cajas y cajas de reclamaciones, como si la reclamación la hiciera el particular, con lo cual ya no tiene obligación, si es por un particular, de utilizar la sede electrónica, con lo que nuestros funcionarios tienen que dedicarse a introducir todas esas demandas que llegan en cajas con mensajero en el sistema. La ley permite hacerlo, es legal, pero no es para lo que la ley fue prevista. Por eso, hablo de un aspecto abusivo o fraudulento».

La jueza decana aboga por una reforma del reglamento que rige Lexnet para que estas empresas no puedan utilizar este agujero legislativo que existe «porque están abusando notablemente» e influyen en las demoras que padecen los juzgados. Además, cobran las costas cuando la mitad del trabajo se ha hechos en sede judicial, según su versión.

Faltan 11 juzgados civiles

Ante el volumen y la carga que soportan los juzgados civiles, son necesarios 11 juzgados más de primera instancia en Palma, sin contar los de familia. Por tanto, se necesitan más de la mitad de los que hay ahora mismo. «Hay 20 y hacen falta 31», destaca Vidal.

Quedan vacantes 80 plazas al marcharse 85 funcionarios en el próximo concurso

Dentro de la jurisdicción civil, la caducidad de los expedientes se produce a los dos años. «Es frecuente que los abogados tengamos que denunciar que está próximo a caducar el expediente para que no se archive y tener que empezar de nuevo de cero», detalla Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de Balears.

Para Frederic Xavier Ruiz Galmés, decano del Colegio de Procuradores de Balears, el problema en civil está en la demora en relación a las ejecuciones, que también colapsan.

Tras la jurisdicción civil, otros juzgados saturados son los de lo contencioso-administrativo. «La entrada actual de asuntos en lo contencioso es el doble de lo que está previsto. El problema que tiene el contencioso, aparte de que evidentemente le está entrando el doble, es que los asuntos son muy complejos. Pero es que, además, por distintas circunstancias arrastra una pendencia de asuntos que no están resueltos», subraya Sonia Vidal. Se están señalando juicios a cuatro años vista.

Además, con el incremento de la inmigración irregular se han disparado los casos en lo contencioso. Los tres juzgados, con dos jueces cada uno, superaron los 3.000 casos en 2023, de los que unos 1.500 fueron por recursos a órdenes de devolución de migrantes. «Todas las órdenes de devolución que se dictan son recurridas. El inmigrante se marcha de aquí, pero el pleito sigue. Es más, se llega hasta recurrir ante el Tribunal Superior», concluye Vidal.

Suscríbete para seguir leyendo