El PSOE defiende que la compra de mascarillas fraudulentas se calificara de "satisfactoria" y sin "ninguna incidencia"

El PSIB-PSOE ha defendido el certificado que emitió el Govern de Armengol donde se aseguraba que la compra de las mascarillas fraudulentas se había cerrado de manera "satisfactoria" y sin "ninguna incidencia". El portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, ha justificado dicho documento al considerar que las mascarillas podían utilizarse como quirúrgicas a pesar de que lo que se había pedido eran FPP2. "Se mandaron a analizar y se comprobó que podían utilizarse como quirúrgicas, efectivamente eran válidas para este uso", ha expresado Negueruela. No obstante, cabe recordar que los cubrebocas nunca llegaron a emplearse y siguen guardados en un almacén, la mayoría de ellos ya caducados.

Asimismo, el portavoz socialista ha argumentado que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Ministerio de Sanidad les pidieron que guardaran todo este material durante la pandemia ante la emergencia sanitaria. "La OMS decía que no debíamos desechar el material utilizable, el Ministerio nos pedía cada semana cuánto stock de mascarillas teníamos, por eso las guardamos. Somos la única Administración que mandó a analizar el material, verificó que no era lo que habíamos pedido y reclamó la devolución del sobrecoste".

En relación a estas mascarillas fraudulentas, el Govern de Armengol emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado asegurando que «la empresa Soluciones de Gestión ha realizado suministros de manera satisfactoria». Asimismo, se añade que el certificado al que ha tenido acceso este diario se emite «sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia». Un documento emitido dos meses después de conocer que ese lote era inservible, ya que los análisis del material se recibieron el 8 de junio de ese mismo año.

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Piden la dimisión de Prohens

Por otro lado, Negueruela ha insistido en que el actual Govern de Marga Prohens ha dejado caer el expediente de reclamación de los 2,6 millones de euros y exige que la presidenta dimita. "Si ha caducado la responsabilidad es de su Ejecutivo y debe dimitir. El expediente lo iniciamos nosotros dentro del plazo estipulado y según aparece en los autos y el sumario puede haber caducado gracias a la intervención de la empresa con el PP en Génova", ha concluido Negueruela.

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