Cirer denuncia una mala gestión de la Renta Social Garantizada: el 20% de los beneficiarios trabaja

La revisión ha hecho aflorar el cobro indebido de unos 400.000 euros cada mes, según la consellera de Familias y Asuntos Sociales

José Falcó y Catalina Cirer, el miércoles durante la presentación de novedades en la Resoga.

José Falcó y Catalina Cirer, el miércoles durante la presentación de novedades en la Resoga. / CAIB

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, denunció este miércoles el fraude de un 20% de los perceptores de la Renta Social Garantizada (Resoga), que señaló estaban dados alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, trabajaban y no habían comunicado al órgano competente la mencionada alta.

En rueda de prensa junto al director general de Asuntos Sociales, José Falcó, Cirer explicó que dicho fraude supone un total de 400.000 euros mensuales de ingresos percibidos indebidamente por perceptores de la renta social. 

Además, expresó su «sorpresa» cuando llegó al departamento que ahora gestiona, al ver que de junio a julio de 2023, cuando todavía la Conselleria estaba liderada por el anterior Ejecutivo, se dio una bajada de perceptores de cerca de 500 personas. En concreto, especificó, los perceptores de la Resoga pasaron de 3.332 en junio de 2023 a 2.842 en julio; 490 personas menos. 

«Este hecho nos sorprendió, primero porque teníamos un desconocimiento global de cómo funcionaba la Conselleria, y porque vimos que no había pasado esta bajada en esos meses en otros años», indicó. Aseguró que esas cifras les preocuparon, porque -dijo- «ya sabéis que cuando el PP llega, tiende a decirse que hacemos recortes, por eso quise saber qué pasaba». En este sentido, explicó que desde la conselleria anunciaron en el Parlament que llevarían a cabo una auditoría interna que «todavía se está realizando y que no estará lista hasta dentro de unos meses por la complejidad que implica».

La consellera señaló que en junio se realizó un cruce de datos con la Tesorería de la Seguridad Social y que fue cuando se detectó ese porcentaje de personas que cobraban la ayuda mientras estaban dadas de alta. Además, detalló que en enero de 2023, la prestación contaba con un total de 3.387 perceptores y que en diciembre descendía hasta los 2.753. 

Críticas

Cirer mencionó una serie de circunstancias que bajo su juicio se deben corregir, al considerar que «no son correctas tal y como se estaban llevando a cabo». En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento del artículo 32 de la ley, que establece una revisión anual de todos los expedientes para comprobar que se mantienen las condiciones que dan derecho a los perceptores. «Estos años no se ha hecho y se podrían haber detectado cambios de domicilio, que suponen una modificación en la percepción», puso como ejemplo la consellera.

Además, señaló la importancia de realizar un cruce sistemático de datos con la Seguridad Social que permita saber si un perceptor ha tenido acceso a un lugar de trabajo y, por tanto, no debe recibir la ayuda. Teniendo en cuenta esta premisa, recordó el cruce de datos realizado a finales de junio y con el que se descubrió ese fraude del 20% de los perceptores. Aunque no supo explicar el motivo por el cual la anterior Conselleria decidió realizar este proceso en ese preciso momento. «Supongo que la intención fue buena», opinó.

Propuestas

Entre las propuestas que la consellera hizo este miércoles para mejorar el funcionamiento de la Renta Social Garantizada, destacó la reestructuración del departamento; la aplicación de programas de cruce de datos con la Seguridad Social y otras instituciones como los ayuntamientos; la reactivación de la comisión técnica de la Resoga y continuar colaborando con el servicio de auditoría y seguir sus instrucciones.

Preguntada por el motivo de la auditoría, Cirer aseguró que su objetivo es «mejorar la gestión de la prestación y para que llegue realmente a quien la necesita». Por este motivo reconoció que desde la conselleria se quieren realizar reuniones grupales para dar herramientas a los perceptores y que no se apalanquen en la Resoga».

Sobre el 20% que recibió las prestaciones de manera indebida el año pasado, Cirer señaló que «la ley establece que en este caso las cuantías se tienen que devolver». Apuntó por ello que «creo mucho en la justicia social, pero lo que no es justo es que quien no tiene derecho a la prestación, la tenga, porque los recursos son limitados y pueden dejar de percibirlos personas que tienen la necesidad y el derecho de hacerlo», dijo de forma contundente.