Denuncian un caso de discriminación lingüística en Baleares por parte de una abogada en un divorcio

Plataforma per la Llengua ha hecho pública la denuncia de una ciudadana de Baleares que habría sido discriminada durante el trámite de su divorcio por parte de una abogada que no le habría entregado una documentación en catalán.

En un comunicado, la entidad ha explicado que la afectada había reclamado a la letrada la documentación en reiteradas ocasiones y que aquella le sugirió que se lo pidiera a otro profesional pero que tenía que pagárselo de su bolsillo.

Tras la comunicación por parte de la afectada, Plataforma per la Llengua se puso en contacto con el Colegio de Abogados (Icaib) y la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos.

Los hechos arrancaron a finales del 2022, cuando la abogada dijo que no le podía facilitar en catalán el convenio regulador del divorcio.

A raíz de la insistencia de la ciudadana, la letrada le acabó diciendo que le podría facilitar el documento en catalán si encargaba una traducción a otro profesional y ella pagaba el coste.

Según la Plataforma, esta obligación de pagar la traducción era falsa dado que el Icaib ofrece gratis el servicio de traducción de documentos como este. La afectada se mostró sorprendida con la propuesta de la letrada y se negó a aceptarlo, porque lo consideró "inasumible", después de haber pedido el convenio en catalán en numerosas ocasiones.

A pesar de que el proceso legal acabó saliendo adelante con el documento en castellano, una vez cerrado la ciudadana se puso en contacto con Plataforma per la Llengua para denunciar el caso.

La entidad ha informado a la abogada responsable del proceso de divorcio que ha vulnerado los derechos lingüísticos de su clienta y ha presentado una reclamación a la Dirección General de Consumo y ha instado al Icaib a investigar la conducta de la letrada y aplicar las responsabilidades disciplinarias necesarias.

Según ha trasladado la Plataforma, el Icaib ha considerado que la actuación profesional de la letrada se adecua perfectamente a la normativa vigente.

Plataforma per la Llengua considera que en este caso se han vulnerado de manera flagrante los derechos lingüísticos de la ciudadana y que los hechos van en contra del Estatut, la Constitució Española y la Ley de Normalización Lingüística.