A Marta Vidal que la registren

Si Marta Vidal gestiona los asuntos públicos con los procedimientos caóticos que aplica a sus negocios privados, a Balears le aguardan cuatro años duros. La ignorancia de la ley no exime de su padecimiento, sobre todo a quienes presumen de profesionales jurídicos como la Consellera Inmobiliaria.

A Marta Vidal que la registren, porque ella tiene demasiada categoría para acercarse a una ventanilla y cumplir con las prescripciones elementales de una ley de incompatibilidades alumbrada por el PP. Al igual que sucedía en ediciones anteriores con el inolvidable José Ramón Bauzá, o ahora mismo con Antoni Costa, también la Consellera Inmobiliaria es víctima de una conspiración masiva de las notarías y de los registros mercantiles, que se han confabulado para renegar de su labor de fedatarios y dejar en evidencia a la miembro del Govern que tiene un concepto más elevado de sí misma.

La consellera de Vivienda también sigue como administradora de una inmobiliaria en Palma incumpliendo la ley

A Marta Vidal que la registren, porque notarios y registradores se suman a la traición del avieso funcionario que le reservó un aparcamiento privado a su coche sin su conocimiento, al magnate que la involucró en la operación de compraventa de la Fortaleza pilotada desde un paraíso fiscal sin su conocimiento, al intermediario de Metrovacesa que la telefoneó para quedar en la conselleria cuando todavía no era consellera sin su conocimiento. El PP nunca defrauda, y lo asombroso es que el partido asume este diluvio de inconsistencias sin inmutarse. El peso de la tradición.

Si Marta Vidal ignora que un cambio de administradores no es eficaz hasta que se inscribe en el Registro Mercantil, qué sabe. La Consellera Inmobiliaria debe abandonar su endeble línea de defensa burocrática para testimoniar que una mallorquina de adopción puede sobrevivir sin ser consellera, pero en ningún caso si se le priva de la actividad esencial de la isla, la compraventa de inmuebles. Y como en el caso de los amigos de Costa, es obligado preguntarse si la registrada es la persona idónea para el cargo, con independencia de las trampas en que ha incurrido para consolidarlo.

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