El Defensor del Pueblo acusa a la Policía de Palma de acceder ilegalmente a datos de menores migrantes para entorpecer su autorización de residencia

La Policía de Palma accedió ilegalmente a información confidencial de dos menores migrantes que llegaron a Mallorca, para denegar la solicitud de autorización de residencia. Así se afirma en un informe que firma Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, que muestra su preocupación por esta grave irregularidad que se estaría cometiendo desde la Jefatura de Palma y que habría perjudicado a dos extranjeros que están bajo la tutela del Consell de Mallorca.

Hace pocas semanas funcionarios de la oficina del Defensor del Pueblo realizaron una visita a las instalaciones de dos centros de menores de Palma, donde viven algunos migrantes que no han cumplido la mayoría de edad y que llegaron sin papeles.

En estos centros es de donde se realizan los primeros trámites para conseguir una autorización de residencia de estos adolescentes. En este proceso burocrático se detectaron «retrasos y obstáculos» en los procedimientos para determinar la edad de estos menores, así como en la tramitación de los pasaportes y en la solicitud para autorizar su residencia.

El motivo de este retraso se focalizó en las dificultes para obtener lo que se denomina cédulas de inscripción, que es un documento que tramita la Jefatura de Policía de Palma. Sin este certificado la regularización se paraliza. Los funcionarios del Defensor del Pueblo analizaron los documentos y quedaron alarmados al analizar dos de ellos. Se referían a dos resoluciones, firmadas por el Jefe Superior de la Policía de Palma, que denegaban la cédula de inscripción. La razón es que no se apreciaban «razones excepcionales de índole humanitario o interés público, al constarles algún antecedente delictivo grave».

Según denuncia Ángel Gabilondo en este informe, la Policía habría incumplido la ley que regula la responsabilidad penal de los menores al haber accedido al expediente personal de estos adolescentes. Y es que la ley deja claro que «dicho expediente tendrá carácter reservado» y limita su acceso al defensor del Pueblo, a los jueces competentes, al fiscal o a las personas que intervengan en la ejecución. Lógicamente, el menor, o su abogado, también pueden acceder a esta información confidencial, donde aparecen reflejados los antecedentes penales.

"Datos de carácter estrictamente confidencial"

Refiriéndose precisamente a los antecedentes policiales, hay que cumplir el decreto que abordó la invasión que supone a la intimidad del menor el acceso a sus antecedentes. «Serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros». Y esta normativa añade que «solo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la investigación en trámite o aquellas personas, que en el ejercicio de sus respectivas competencias, cuenten con la autorización expresa del juez de menores o del fiscal. Es decir, la Policía no tiene ninguna competencia legal para acceder y utilizar la información sobre los antecedentes penales que puedan pesar sobre un menor.

Para insistir en la ilegalidad que habría cometido la Policía, el informe cita una instrucción de la propia Secretaría de Estado de Seguridad, donde se establece que los datos que afectan a la intimidad tienen un carácter «confidencial».

Gabilondo ha pedido a la Policía que revoque las resoluciones que dictó sobre estos dos migrantes que viven en el centro de Palma, a los que denegaron las cédulas de inscripción. Y pide que se dicten otras decisiones donde no se tomen en cuenta los antecedentes de estos dos chicos.

Asimismo, el defensor del Pueblo quiere ir algo más lejos, porque pone en duda que se trate de un caso puntual. Por ello, en su informe reclama a la Policía de Palma que informe sobre el procedimiento que se sigue habitualmente para acceder a los datos policiales, o judiciales ,de los menores extranjeros no acompañados. Y también solicita que se le indique el número de cédulas de inscripción que se han concedido a los migrantes menores desde principios de este año hasta el mes de noviembre, así como el plazo de tiempo que se sigue para tramitar esta documentación.

Este informe, en cualquier caso, es una recomendación y no una orden.

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