Las viviendas a precio limitado nuevas que impulsa el Govern podrán ser un 30% más caras que las de protección oficial

El decreto del Ejecutivo balear prevé que los pisos de nueva construcción podrán ser más caros que los reformados cuyo límite será del 10% por encima de la VPO

Edificio de viviendas en construcción

Edificio de viviendas en construcción / Manu Mielniezuk

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Las viviendas de precio limitado que se pongan en marcha gracias al decreto ley que el Govern tiene previsto aprobar mañana van a poder ser hasta un 30% más caras que las de protección oficial cuando se trate de edificios de nueva edificación o las que se consigan ganando alturas sobre las ya existentes, mientras que solo podrán superar en un 10% el valor de la VPO cuando se trate de la división de grandes residencias para hacer más pequeñas o de la reforma de locales comerciales, según han adelantado fuentes del Ejecutivo autonómico. La justificación es que las primeras suponen un mayor coste de construcción que las segundas al tener que levantar toda una estructura nueva, permitiendo así que los márgenes de beneficio de los promotores no se vean excesivamente recortados.

Representantes de este colectivo empresarial consultados han aplaudido la medida, señalando que de esta forma sí salen los números para poder afrontar la construcción o reforma de inmuebles a precio limitado, más baratos que los que ahora existen en el mercado libre.

Hay que recordar que el tema del precio máximo fijado por el Govern venía siendo uno de los motivos de preocupación del sector de la promoción inmobiliaria, al considerar que la cifra de viviendas que surjan de esta iniciativa podría verse condicionada si su aplicación no permite rentabilizar la inversión a realizar.

Ventajas para pisos más baratos

Como se recordará, el Ejecutivo balear va a otorgar ventajas a los promotores, como autorizar edificios más altos tanto en las nuevas construcciones como en las ya existentes, y viviendas más pequeñas de las previstas en los planeamientos municipales, ya sean de nueva edificación como reformando pisos de grandes dimensiones para convertirlos en otros con menores superficies.

A cambio de las ventajas que ello supone, al disponer de más producto en oferta, su precio debe de ser limitado, situándose por encima de las viviendas de protección oficial en los porcentajes anteriormente señalados.

Especulación con el suelo

Pese a la satisfacción inicial, desde las empresas promotoras se reconoce que hay un riesgo sobre la mesa, y es que los propietarios del solares donde se van a poder levantar estos inmuebles, ante la previsión de que va a aumentar la demanda sobre ellos, apuesten por elevar sus precios. Algo similar se señala en el caso de los locales comerciales vacíos.

Ese posible movimiento especulativo en torno al suelo puede llegar a provocar que la puesta en marcha de estos proyectos no sea lo suficientemente rentable como para asumir la inversión que se necesita para su ejecución.

De este modo, aunque las previsiones de los promotores eran poder sacar al mercado entre 2.000 y 3.000 residencias de este tipo durante la presente legislatura, se admite que ese resultado final queda condicionado a la evolución del precio de los solares.

En cualquier caso, hay que recordar que el déficit de viviendas actualmente existente en Balears se cifra en unas 20.000, por lo que el citado real decreto no va a solventar todo este problema.

Otro aspecto incluido en el decreto, y que es recibido por satisfacción por los promotores, es el de los plazos para la ejecución de las viviendas a precio limitado. El Govern ya había anunciado que su puesta en marcha debía de solicitarse en un plazo máximo de dos años, y que luego se disponía de un límite de tres años para ejecutarlas. Eso preocupaba a estas empresas debido a la demora que se registra en la tramitación de las licencias, lo que podría hacer que ese tiempo de tres año no se pudiera cumplir.

Sin embargo, el plan diseñado por la conselleria de Territorio que lidera Marta Vidal ha previsto este obstáculo, y se va a determinar que ese segundo plazo de tres años para la ejecución de las obras solo empiece a contar una vez se hayan conseguido todos los permisos, facilitando así el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Por orden de llegada

Un punto que indican las empresas promotoras consultadas es que ese precio limitado solo se aplicará sobre las viviendas que se obtengan con las ventajas otorgadas por el Govern, como podría ser el caso de edificar más alturas de las inicialmente previstas en el planeamiento municipal. Eso supone que en un mismo edificio puede haber residencias con precio limitado y otras con un valor libre, y se afirma que las calidades de los materiales y acabados van a ser las mismas, ya que no merece la pena aplicar cambios en esta materia dependiendo de una categoría u otra.

Por ello, se reconoce que los pisos más baratos dentro de una misma promoción se adjudicarán por el orden en que sean adquiridos.

Desde estas empresas se considera que eso no va a suponer demasiados problemas, y se recuerda que para comprar uno de estos inmuebles a precio limitado no se podrá ser propietario de otro, y deberán ser utilizados como primera residencia, lo que limita la cifra de candidatos.

Además, una vivienda de este tipo va a tener ese precio limitado también cuando en el futuro quiera ponerse a la venta por sus compradores, lo que hace que los que quieran realizar esa adquisición también como inversión previsiblemente no van a estar interesados en esta modalidad.

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