Campaña de inspección del etiquetado del origen de frutas y hortalizas en Baleares

El Govern, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, iniciará en los próximos días una campaña de inspección del etiquetado del origen de los productos hortofrutícolas a la venta en el comercio minorista de Baleares.

Según informó ayer la Conselleria, las inspectoras de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local iniciarán en los próximos días una campaña de control del cumplimiento de las normas de comercialización de frutas y hortalizas en el comercio minorista de Baleares.

Cabe recordar que la venta de productos hortofrutícolas en estado fresco debe ajustarse a lo que prevé la norma de comercialización de cada producto. En el caso de frutas y hortalizas que no tienen una norma específica, los productos deben ajustarse a la norma de comercialización general establecida en el anexo 1, parte A, del Reglamento de ejecución (UE) 543/2011. Estas normas son de obligado cumplimiento en todas sus fases de comercialización.

Además, las frutas y hortalizas que se comercializan al consumidor final o colectividades, también deben ajustar su etiquetado a lo previsto en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y al Real Decreto 126 /2015, que aprueba la norma general de los alimentos que se presentan sin envasar al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en el puesto de venta a petición del comprador, y de los que envasan los titulares del comercio al por menor.

También es de aplicación la normativa referente al uso de menciones protegidas por DOP o IGP, así como las menciones referentes a los productos que provienen de la agricultura ecológica.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, Joan Llabrés, señala que «para proteger los intereses legítimos de los productores y evitar la competencia desleal, se inicia esta campaña de control». Los incumplimientos detectados pueden suponer sanciones administrativas. En el caso del comercio minorista, hasta 3.000 euros; en el caso de los distribuidores, hasta 15.000 euros o cinco veces el valor del producto; y en el caso de que el hecho repercuta a terceras personas a las que le suministran el producto, hasta 600.000 euros.

En 2022 se realizaron 32 inspecciones en el sector hortofrutícola y se detectaron 69 presuntas infracciones, que derivaron en siete expedientes sancionadores. Para este año 2023, se ha previsto superar las 40 inspecciones.