El servicio de justicia gratuita atiende unos 140 casos al día
“No hay ningún interés en solucionar el problema de una justicia ahogada” se lamenta Martín Aleñar
El decano Martín Aleñar junto a la coordinadora del turno de oficio, Carmen López. / J.F.M
Pere Morell
El servicio de justicia gratuita está cada vez más reclamado en Baleares. Esta asistencia que ofrece el Colegio de Abogados de Baleares, con su decano Martín Aleñar al frente, tramita una media de 140 peticiones diarias. Son expedientes que se tramitan, o bien para ofrecer asistencia jurídica a un ciudadano que no puede pagar un abogado particular, o la defensa de una persona que ha sido detenida. El objetivo es garantizar el derecho a que toda persona esté asesorada por un abogado frente a la justicia.
Este servicio que ofrece el Colegio de Abogados de Balears lo coordina la letrada Carmen López. Es la encargada de organizar el trabajo de los más de 750 abogados de las islas que garantizan el acceso y defensa de los ciudadanos cuando se ven implicados en un proceso judicial.
El 2022 se tramitaron 51.000 expedientes de justicia gratuita, 3.000 más que el 2021, significando una tendencia al alza en el número de casos. Aleñar expresó hoy en una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Baleares que el “momento es crítico”. En un 2023 lleno de huelgas y paros por parte de los letrados, la justicia está “al borde del colapso por la falta de medios y recursos”.
Los abogados se quejan de la baja retribución que reciben cuando actúan de oficio. La media por cada caso, desde que lo empiezan hasta que lo acaban, es de 139 euros. Este salario estándar impide a los letrados poder dedicarse únicamente a la justicia gratuita, teniendo que compatibilizar la abogacía de oficio y la de pago.
El salario de los abogados de oficio está regulada por el Ministerio de Justicia y es el mismo en todas las comunidades centralizadas. En las comunidades donde se han transferido las competencias de justicia, el salario suele ser superior, rondando los 200 euros por caso y llegando hasta los 311 euros por caso que se pagan en el País Vasco.
Martín Aleñar aboga por modificar la normativa nacional que regula esta asistencia gratuita, si bien se muestra pesimista porque no se trata de una prioridad para el Ministerio de Justicia. El decano llegó a llamar a la justicia gratuita como “La hermana pobre de la administración” y sentenció que “no hay ningún interés en solucionar el problema de la justicia”.
Aleñar explicó que los clientes están en situaciones “dramáticas”, con una espera de años por juicios que luego se paralizan, y advirtió que si los ciudadanos no confían en la justicia, el estado de derecho está fallando”.
El decano reclamó una reforma urgente de la ley de justicia gratuita donde se hagan caso a las reclamaciones de los letrados, entre las que se encuentran: un pacto de estado por la justicia, una mejora de los baremos retributivos y la reducción de la carga burocrática.
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