La exconcejal San Gil: «Nunca me explicaron por qué me detuvieron»

Cinco personas que fueron detenidas en 2016 por el caso ORA, entre ellas los exconcejales de Cort Irene San Gil y Gabriel Vallejo, denunciaron este lunes en el juicio a Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo una retahíla de irregularidades durante sus arrestos, considerados ahora ilegales por la Fiscalía. «Nunca me explicaron por qué me detuvieron . Yo no podía tomar ninguna decisión en el concurso», ha señalado San Gil. «No decidí nada, ni siquiera opiné», dijo Vallejo. Los dos expolíticos y tres funcionarios implicados en aquella causa acusaron a los investigadores, además de no atender explicaciones, de guiar sus declaraciones e incluso introducir datos que no habían dado. Ni ellos ni sus abogados -presentes en todas las comparencias- protestaron ni denunciaron entonces «por miedo» y firmaron las actas judiciales sin leerlas, según explicaron. A preguntas de las defensas, contaron que en 2019 fueron los policías Juan Márquez y Juan Palomo quienes contactaron con ellos porque estaban «revisando sus declaraciones».

Tanto San Gil, exresponsable de Función Pública de Cort, como Vallejo, que fue regidor del área de Movilidad, apuntaron que sus detenciones no tenían justificación porque no habían tenido participación en la toma de decisiones del concurso bajo sospecha. «En ningún momento me preguntaron por mi actuación. Toda mi declaración se limitó a que diera mi opinión sobre actuaciones de Femenia y Vidal», dijo San Gil, que presidió la mesa de contratación, en alusión a otros dos arrestados. La expolítica afirmó que Subirán y agentes de Blanqueo introducían en su interrogatorio datos que ella desconocía para que quedaran reflejados en su declaración. Y admitió que firmó tanto en esta comparecencia como la que dos días después realizó en el juzgado sin leerlas ni presentar quejas.

Vallejo, por su parte, explicó que el concurso «se tramitó exclusivamente por los funcionarios» y que su participación «fue cero». Se mostró conforme con su declaración policial tras su arresto, pero cuestionó la judicial. «Subirán hacia la exposición y la pregunta con la respuesta implícita. Amenazó a mi abogado y yo estaba aterrorizado. Las preguntas iban dirigidas a Álvaro Gijón, que ni se había interesado por el concurso», aseguró. «Salí convencido de que alguien había metido la mano», dijo sobre el presunto amaño.

Juan Carlos Sastre, quien fuera jefe del departamento de Contratación, aseguró que «la coacción era la detención» y denunció que pasó tres días en un calabozo «sin comer ni beber y con un charco de orina». Sastre contó que los investigadores tampoco le explicaron qué hechos le imputaban. «No me preguntaban nada sobre mi conducta. El atestado del grupo de Blanqueo no tenía ni pies ni cabeza», señala. Sobre sus declaraciones apuntó que pasó a disposición judicial el día de su cumpleaños y que Subirán le dijo: «Es un mal día para cumplir años. Igual te vas a prisión». Acusó a los investigadores de manipular sus declaraciones. Ahí se escribía lo que les daba la gana. Era un atropello en toda regla. Yo lo que quería era quedar en libertad, estaba aterrorizado», dijo. «El fiscal se la inventó. Mi abogado me dijo que firmaba y me fuera. No la leímos», dijo sobre los errores que detectó en el acta de su comparecencia en el juzgado. Sastre recordó que el fiscal Juan Carrau se opuso después «dos veces» a que se archivara la causa contra él y afirmó que su imputación no se levantó hasta 2020, lo que arruinó su despacho de abogado.

También los funcionarios Sebastiana Ferrando y Rafael Vidal cargaron contra Subirán, al que acusaron de no dejarles dar las explicaciones necesarias tras su detención. «Me dijo que declarara que Gijón había cobrado una comisión de un millón de euros, que se iría de rositas y yo a la cárcel», dijo Vidal. Tampoco ellos denunciaron entonces ninguna irregularidad.

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