La Iglesia mantiene apartados e investiga a los tres sacerdotes mallorquines acusados de abusos sexuales
Se les ha prohibido totalmente su actividad pastoral y los jesuitas tienen restringida su movilidad
La Iglesia católica ha apartado a los dos jesuitas. F.M. y L.A. y al sacerdote mallorquín J.C., acusados de abusos y agresiones sexuales a una mujer de unos cincuenta años, y les ha prohibido por completo el ejercicio de su ministerio mientras está investigando los tres casos, hasta obtener una sentencia firme. Las medidas cautelares se dictaron tras las denuncias ante el Tribunal eclesiástico de Mallorca, que depende del Obispado. Sin embargo, en el caso de los dos jesuitas es su propia orden, la Compañía de Jesús, quien les ha expedientado y dirime los hechos.
Respecto al sacerdote diocesano J.C, la víctima presentó una denuncia a la justicia eclesiástica a finales del año 2020, aún pendiente de sentencia definitiva. El cura actualmente vive en una residencia y tiene prohibido oficiar misa, impartir sacramentos y cualquier otra actividad sacerdotal con menores y en público. «Estoy convencida de que él se ha sentido libre de hacer conmigo lo que quería cuando yo entraba en bloqueo mental y psíquico y se anulaba la asertividad para defenderme», afirma la denunciante en su exposición de los hechos.
En el caso de los jesuitas F.M. y L.A., la mujer interpuso las dos denuncias eclesiásticas en 2021. Según apunta a Diario de Mallorca la Compañía de Jesús, por boca de una portavoz, la orden religiosa «conoció ambos casos en abril de ese mismo año a través del Obispado de Mallorca». Entonces, el provincial de España de los jesuitas «abrió dos procesos canónicos de investigación previa, y los jesuitas implicados quedaron bajo la supervisión de sus respectivos superiores».
Limitación completa
Asimismo, la delegada de Entorno Seguro -una figura creada por la Compañía de Jesús para acompañar a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes- se desplazó a Mallorca para acompañar a la denunciante, «invitándola a denunciar civilmente» y «ofreciéndole ayuda».
Los jesuitas explican que «en junio de 2021 se impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados, que incluyen la restricción de movilidad, limitación completa de actividad pastoral, prohibición de actividad con menores y adultos y obligación de ser sometidos a una evaluación psicológica».
La investigación interna ha sido remitida al prepósito general de los jesuitas en Roma, que a su vez la remite a la Congregación para la Doctrina de la Fe, hasta ayer en manos del cardenal mallorquín Luis Ladaria, también jesuita y muy conocedor de Montesión, y que tiene la última palabra.
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