Emergencia habitacional
El Gobierno rechaza la limitación a la compra de viviendas por parte de no residentes
Recuerda que la Unión Europea "ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión"
Varapalo del Gobierno de Pedro Sánchez a las intenciones del Govern balear de limitar la compra de vivienda por parte de no residentes. El Ejecutivo central rechaza el planteamiento y remarca que cualquier restricción "por razones de orden público o de seguridad pública deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria".
En la carta remitida el pasado 1 de febrero a las diputadas de Podemos Antònia Jover y Lucía Muñoz, el Gobierno se limita a recordar que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe “todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países” y añaden que esta libertad de circulación de capitales "ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión". En este sentido recuerdan que "cualquier restricción por razones de orden público o de seguridad pública deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria".
Sobre los ejemplos de Malta o Islas Aland, el Gobierno replica que "las limitaciones a la adquisición de inmuebles por ciudadanos europeos citadas en la pregunta se recogieron en el Derecho Primario de la UE. Así fue el caso de Dinamarca (Protocolo 32 del TUE), Malta (Protocolo 6 de Acta de Adhesión), Finlandia/Islas Åland (Protocolo 2 del Acta de Adhesión) y Croacia (Anejo V del Acta de Adhesión)".
Jover afirma que desde hace semanas reclaman un "frente común" para que Europa permita hacer "excepción balear" con la restricción de compra a no residentes igual que la excepción ibérica con el tope del gas y carga contra el PSOE por rechazarlo: "La respuesta del ala derecha del Gobierno de coalición es mirar para otro lado".
A principios de diciembre de 2022 el Govern dio el primer paso para tratar de limitar la compraventa de viviendas por parte de no residentes en Baleares. Se constituyó un grupo de trabajo en el que participan las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB). El Ejecutivo balear cumplía así con la promesa parlamentaria para iniciar el estudio y elaborar un informe preliminar de la situación jurídica actual europea.
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