El sector inmobiliario acusa al Govern de ser responsable del encarecimiento de la vivienda en Baleares

La política del Govern de Francina Armengol es uno de los factores responsables de las dificultades para encontrar vivienda a precio asequible en Baleares, según ha denunciado hoy la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, acompañada de representantes del conjunto del sector inmobiliario de las islas. Para empezar, ha anunciado que el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que mañana se presentará en el Parlament va a provocar un nuevo encarecimiento de las edificaciones residenciales y a «elevar la especulación». Planas ha añadido que resulta muy difícil de entender que iniciativas tan importantes se adopten sin abrir previamente una mesa de diálogo con el sector.

Para empezar, se ha pedido a todas las formaciones políticas que reconsideren su voto en torno a este decreto ley, que ha sido calificado de «electoralista» y que «supone el último clavo en el ataúd de la vivienda asequible» en las islas.

En este sentido, se ha recordado que esta nueva norma limita la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen nuevo suelo urbanizable.

Junto a Carmen Planas han comparecido los presidentes de la asociación de promotores de Baleares, Luís Martín; de la patronal de constructores, Fanny Alba; y de la comisión de este sector en CAEB, Oscar Carreras, además de representantes de inmobiliarias,  fabricantes, pintores, industriales del vidrio, yeseros, áridos, instaladores, y material de construcción.

"Ataque frontal"

Luis Martín ha insistido en que el decreto impulsado por el Govern es un «ataque frontal a la vivienda asequible», ya que en su opinión va a limitar y encarecer el suelo disponible, siendo éste uno de los factores que está provocando el fuerte encarecimiento de la vivienda.

El presidente de los promotores ha indicado que el Ejecutivo autonómico lleva desclasificadas 53.200 hectáreas de suelo urbanizable, en las que se hubieran podido edificar 20.000 residencias, siendo éste el número del déficit existente en el archipiélago según las estimaciones del sector. 

Ha recordado también que se están edificando unas 3.000 viviendas al año en las islas, cuando se necesitarían 7.000, y se recuerda que en los años del boom inmobiliario se alcanzaban las 14.000.

Martín y Fanny Alba han aportado datos adicionales, como el encarecimiento de las nuevas residencias del 9,1% en 2022; que un ciudadano de las islas necesita 16,4 años de su salario para acceder a una vivienda cuando la media española es de 7,6; o la caída de 20,9% en los proyectos de nuevos inmuebles en Mallorca que se produjo durante el pasado año. Además, se ha indicado la previsión de que durante 2023 se producirá una estabilización o incluso un ligero descenso, pero no un incremento.

Del mismo modo, se ha recordado que la escasez de la vivienda nueva está trasladando la presión y la subida de precios tanto al mercado de la segunda mano como al alquiler.

Oscar Carreras ha indicado que todas las cifras aportadas son «datos objetivos y no opiniones», y ha lamentado el fracaso que se ha registrado en la política de vivienda del actual Govern, algo que incluso se denuncia desde los partidos que respaldan al Ejecutivo, en referencia a Més.

"Caos" legislativo

Los representantes del sector han lamentado que los 14 cambios legislativos impulsados en materia urbanística durante los últimos años han generado un caos, y se han señalado otros factores como el retraso en la concesión de licencias.

Carreras ha afirmado que el sector no quiere que se consuma suelo rústico, pero ha destacado la necesidad de no seguir rebajando el suelo disponible y ha insistido en propuestas como permitir edificios más altos y con viviendas más reducidas en las zonas ya consolidadas y que no sean primera línea de mar, rebajar la carga fiscal, usar materiales locales o impulsar ayudas para la adquisición de la primera residencia, como en el caso de la de protección oficial.