Un ingeniero del Ayuntamiento de Palma defendió este martes en el juicio las actuaciones bajo sospecha de la Policía Local y de Cort contra varios negocios nocturnos. Pedro Torres, que estuvo preso por el caso Cursach durante dos meses y acabó exculpado, justificó la clausura de estos locales por sus irregularidades. Además, cargó con dureza contra Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo, a los que acusó de ocultar «dolosamente» pruebas en favor de los investigados y negó haber recibido jamás presiones del Grupo Cursach. «Yo era una cabeza cortada exhibida públicamente», sentenció sobre su encarcelamiento.
Torres fue entre 2007 y 2014 jefe del servicio de control de actividades en el área de Urbanismo. Su declaración se centró en las actuaciones policiales y municipales contra los empresarios que mantienen vivo el juicio como acusación particular. Sobre la discoteca Level del Paseo Marítimo explicó que intervino tras una inspección de la Policía Nacional que detectó 800 personas en el interior. «No tenía plan de autoprotección», señaló. Respecto a Sa Trobada, el otro negocio que mantiene las imputaciones contra dos policías de la Patrulla Verde, aseguró que «desde el año 1998 se ha acreditado una insuficiencia de los medios de insonorización». Era «muy complejo» evitar que el ruido molestara a los vecinos. Torres defendió como «correcta» la intervención de los dos agentes todavía acusados que se encargaron de ejecutar la clausura del negocio por sus deficiencias.
El testigo se explayó, a preguntas de las defensas, sobre la actuación del juez Penalva, el fiscal Subirán y los agentes de Blanqueo de la Policía Nacional. Sobre su detención e ingreso en prisión de 2016, acusado de cobrar mordidas y de decretar irregularmente el cierre de la discoteca de ‘El Ico’ aseguró que los investigadores ocultaron «dolosamente» pruebas de descargo y cuestionó que lo encarcelaran «por riesgo de destrucción de pruebas» a las que no tenía acceso porque ya no estaba en Cort.
Sobre una de sus declaraciones judiciales en las que implicó a José María Rodríguez y detalló el trato de favor a determinados negocios por parte del Ayuntamiento, afirmó que «era un peaje para salir de prisión» y que esas incriminaciones fueron «injertadas por el fiscal Subirán». «Estaba fuertemente coaccionado», aseguró.
Torres también criticó las gestiones llevadas a cabo por los investigadores sobre las inspecciones en locales. «Una de las gravísimas patologías de la instrucción es que solo se aportaban actas. Los análisis que hicieron los de Blanqueo se basaban en actas, no había escritos de denuncia, ni resoluciones administrativas. Eran conclusiones sesgadas y parciales», expuso.
