Cinco testigos que declararon en su día en la causa por la corrupción de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma ratificaron ayer, con algunas matizaciones, que agentes de esta unidad les exigieron dinero, o sexo, a cambio de paralizar las inspecciones que se realizaban en sus locales de ocio. Aunque en su momento identificaron a numerosos agentes que acudían a sus locales, ayer recordaron especialmente a tres policías. Uno de ellos es Miguel Estarellas, conocido como 'el tapicero', mientras que los otros dos son Gabriel Mayol y Josep Mayans, que siempre iban juntos en pareja. Los tres agentes ingresaron en su momento en prisión, acusados de graves delitos. En estos momentos siguen investigados, aunque están en libertad.

El juez Florit había convocado ayer al fiscal y a los abogados defensores para que pudieran interrogar a estos testigos que declararon en la fase secreta de esta investigación. Cuatro de ellos son empresarios y el quinto es una clienta que fue abordada por la Policía Local cuando estaba tomando una copa en un local de Palma de ambiente latino. Esta mujer, que confesó que tenía miedo y que le habían aconsejado que no acudiera ayer a declarar, explicó que fue abordada por uno de los policías. Este funcionario le lanzó una insinuación sexual y le señaló que si se negaba a mantener relaciones con él, "me metería algo en el bolso y me detendría". La clienta interpretó que se refería a droga. La mujer optó por marcharse.

Dos hermanas, que tenían un local de copas en Palma, explicaron que las inspecciones en su local eran constantes. Siempre acudían los mismos policías y, además, pedían los mismos documentos que ya habían previamente analizado. Una de las testigos señaló que uno de los policías le propuso, para terminar con las inspecciones, que mantuviera relaciones sexuales con él y que, si se negaba, tenía que pagarles cada semana dinero. La cifra que se señaló era entre 150 a 300 euros por cada vez que la Policía Local de Palma acudiera al bar. Si ambas propietarias aceptaban esta propuesta, no solo no se volverían a realizar inspecciones, sino que además se garantizaba que el bar continuaría abierto, a pesar de que no tenían toda la documentación en regla. Las dos hermanas decidieron rechazar ambas propuestas. Debido a los problemas que tuvieron, al final optaron por traspasar el bar.

El antiguo dueño de un local de ocio, ubicado en el Paseo Marítimo, también explicó que debido a que su negocio iba bien y que acudían muchos clientes, lo que le convertía en un competidor de los locales de Cursach, la Patrulla Verde de la Policía Local empezó a realizar inspecciones cada semana, pero que después los agentes acudían a diario. Explicó que, además de pedirle siempre los mismos documentos, los funcionarios le abrían la luz, le apagaban la música y sacaban a los clientes del local. Afirmó que, después de tantas visitas, uno de los policías le insinuó que la situación se podía arreglar si pagaba una determinada cantidad económica. Este testigo, que matizó algunas de las afirmaciones que realizó en su declaración judicial, señaló que en ese momento interpretó que la Policía Local de Palma estaba colaborando para trasladar a los clientes a los negocios de Cursach. De hecho, ayer señaló que había visto a varios policías consumiendo en los locales del empresario. La propietaria de otro local de ocio de la zona de la Lonja aseguró que las constantes inspecciones de la Patrulla Verde provocaron el cierre de su negocio y, por tanto, su ruina económica. La testigo detalló que la Policía Local la visitaba prácticamente a diario y que era frecuente que le cerrara el local, por cualquier motivo. Interpretó que los agentes lo que pretendían con estas inspecciones era arruinar los negocios de esta zona de ocio y trasladar a los clientes a las discotecas del Paseo Marítimo. De hecho, recordó que una noche que le cerraron el local se dio cuenta que en la plaza de la Lonja había unos tiqueteros repartiendo publicidad de los negocios de Cursach, sin que la Policía Local los sancionara.

Una de las testigos aseguró también que había visto una fotografía en la que aparecía uno de los policías esnifando cocaína.

El abogado defensor Gaspar Oliver, que defiende a varios policías, presentó unos documentos para acreditar que las inspecciones respondían a que estos bares carecían de los permisos reglamentarios.