El Consell de Govern ha aprobado hoy un nuevo decreto ley de prestaciones económicas sociales en Balears, que adapta la actual normativa autonómica vigente a los cambios que se han ido introduciendo en el ingreso mínimo vital (IMV) que concede el Estado. Estos cambios en el ingreso mínimo vital han modificado el panorama y la regulación de las prestaciones económicas previstas en las Illes Balears, por lo que se hace necesaria una adaptación de la normativa de prestaciones económicas que se aprobó en los momentos más duros de la COVID-19 como decreto ley por la necesidad de dar respuesta a las necesidades existentes. El decreto ahora deberá ser validad por el Parlament. La principal novedad de este decreto es que otorga al Ejecutivo autonómico un marco legal para poder dar ayudas sociales en situaciones de urgencia.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha puesto de ejemplo el caso de las inundaciones de Sant Llorenç que tuvieron que habilitar las prestaciones sin contar con una normativa específica. La normativa regula todas las prestaciones económicas que las personas vulnerables pueden recibir y habilita a las diferentes administraciones, dentro de sus competencias, a ponerlas en marcha en función de las necesidades sociales y de sus competencias como administración.
Establece tres tipologías de prestaciones sociales de carácter económico: derecho subjetivo, concurrencia competitiva y las de urgencia social. Las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo son la nueva renta social garantizada, el complemento de renta social garantizada y la renta de emancipación.
Por su parte, las prestaciones sociales de carácter económico de concurrencia competitiva permiten desarrollar, al margen de la normativa de subvenciones, convocatorias de ayudas económicas que tengan una disponibilidad económica limitada, y finalmente, las de urgencia social permiten regular, sobre todo, las ayudas económicas básicas de los ayuntamientos, los de emergencia y los de apoyo familiar y apoyo a la inserción social.
Fina Santiago ha apuntado que en estos momentos en las islas unas 7.600 personas reciben una prestación no contributiva, mientras que unas 4.000 familias son beneficiaras de la Renta Social Garantizada (RESOGA) que otorga el Govern a aquellas familiar que no pueden acceder al Ingreso mínimo vital. Asimismo, unos 400 jóvenes de Balears están recibiendo una prestación de emancipación.
