La movilización de la Obra Cultural Balear, que esta tarde se reúne con entidades y sindicatos afines para exigir al Govern que rectifique la exoneración durante dos años del nivel de catalán para los interinos que estabilicen su plaza, está creando controversia en el seno del Pacto de Izquierdas. La consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, salió ayer al paso de la críticas de la OCB durante su comparecencia en el Parlament. Garrido asegura que «los interinos que no acrediten el nivel de catalán en dos años perderán su plaza». Recuerda que este proceso de estabilización viene de sentencias de los tribunales europeos y, por consiguiente, se debe ser muy escrupuloso.
«Se ha sido muy restrictivo», indica en el sentido de que se ha exigido el máximo posible con el tema del catalán. Explica también que solo se les dará dos años para acreditar el nivel de catalán a aquellos que ocupen una plaza que cuando se creó y accedieron a ella no se exigía el catalán. Desde el Govern aseguran que esta medida es para evitar impugnaciones ante la Justicia. La consellera Garrido añade también que por la premura del tiempo no se puede convocar un examen específico de catalán, ya que la convocatoria de las pruebas debe hacerse antes del 31 de diciembre de este año y deben publicarse las bases e iniciar todo el proceso de concursos y oposiciones. «No había tiempo para que pudieran estudiar y se ha optado por esta opción de dar dos años para acreditar el catalán», apostilló.
«El catalán debe ser un requisito para garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración en su lengua», deja claro la consellera de Presidencia y Función Pública. «El objetivo concreto de este proceso ha sido garantizar la seguridad jurídica, trabajando con la Abogacía de la Comunidad y los servicios jurídicos de los consells y ayuntamientos».
Hay que recordar que existe un gran pacto sobre este proceso de estabilización para reducir hasta el 8% la tasa de interinidad como marca la Unión Europea. Sindicatos y partidos, entre ellos todos los de la izquierda han dado su beneplácito al proceso en una amplia mayoría. Partidos como Més o un sindicato como el STEI, entidades ambas muy sensibles en favor del catalán, han apoyado el proceso.
Para ello, se ha establecido que los interinos que llevan más de cinco años ocupando una plaza de forma ininterrumpida podrán quedar fijos en el caso de que superen un concurso de méritos. Los interinos que superen los tres años en la misma plaza tendrán que superar un concurso oposición con condiciones favorables para quedarse en ella.
Críticas por las formas
La Plataforma per la Llengua pide a los diputados del Parlament balear que voten en contra el Decreto Ley «que hace posible que un interino se convierta en funcionario sin tener que acreditar ningún nivel de catalán»: «Es insólito que, después de ocho años de la reforma de la Ley de función pública que estableció la obligatoriedad de la capacitación lingüística en catalán de todos los trabajadores públicos, el Govern haya mantenido interinos sin la capacitación lingüística requerida».
Asimismo, proponen que el Govern cambie la exención de dos años por la posibilidad de examinar de manera extraordinaria y rápida a todos los aspirantes para que puedan acreditar cuál es el nivel actual de catalán que tienen sin tener que esperar a los exámenes oficiales.
Desde El Pi reclaman al Govern que el requisito del conocimiento del catalán sea para todos los trabajadores públicos, aunque matizan que están totalmente de acuerdo con los procesos de estabilización pero no con las formas en que lo plantea el Ejecutivo balear.
El Pi considera que el catalán tiene que ser un requisito en el plan de estabilidad de trabajadores funcionarios interinos y reconocen que no se tienen que dar dos años para obtener el título de catalán sino facilitar que se pueda acreditar el nivel de lengua de diferentes maneras: titulación oficial, certificado de nivel por parte de la administración o una prueba de acceso que acredite el nivel. La formación se mantiene firme en este ámbito y recuerda: «El catalán tiene que ser requisito indispensable para trabajar en la Administración pública».
El PSOE, en contra de poder utilizar el catalán en el Congreso
Més per Mallorca exige al PSOE que rectifique y vote a favor de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir intervenciones en lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego), con traducción simultánea.
Desde la formación ecosobiranista lamentan que los socialistas no muestren «nada de respeto» por el catalán, el gallego o el euskera. El coordinador general, Lluís Apesteguia, critica que «el PSOE juega a ser Vox y PP y quiere hacer creer que el castellano es la única lengua existente en el Estado español.
