Sofía Alonso: «Ahora no me vacunaría por la presión mediática, pese a que yo sí entraba en los protocolos»

Visto en perspectiva, ¿se volvería a vacunar el primer día que llegaron las dosis y la acusaron de saltarse la cola?

Si lo valoro por la presión mediática, por el uso partidista y político que se hizo contra la presidenta del Consell y yo misma, creo que no me vacunaría. Ahora bien, si un responsable del sistema de vacunación me explica que o me pongo la vacuna o se tendrá que tirar, sabiendo que cumplía protocolos, sí lo volvería a hacer.

¿Fue desde el IB-Salut que la invitaron a vacunarse?

Aquel día estábamos todas las personas que coordinábamos la vacunación de la gent gran y yo estaba como responsable de Mallorca. No se hizo sin permiso ni a escondidas. A veces tengo la sensación de que yo cogí una vacuna, me la puse y como no soy sanitario cometí una irregularidad. La prioridad máxima era que no se desechara ni una sola dosis. Siempre he estado muy tranquila porque si una cosa cumplía era el protocolo de vacunación.

De todas formas, aquel día solo se podía vacunar a mayores y personal sociosanitario.

Se vacunaba a todo el personal que formaba parte de la plantilla de las residencias. Se vacunó también al director de la residencia Oms/Sant Miquel y yo, tres días después, me hubiera podido vacunar como directora de la residencia Bonanova en funciones. Se ha valorado más la parte política, ya que yo era directora insular, pero me vacuné como directora de una residencia.

Anticorrupción ha archivado la investigación sobre su vacunación, pero sin entrar en el fondo y por defectos de forma.

Me hubiera gustado que entraran en el fondo. Presenté 14 páginas de alegaciones, precisamente argumentando cómo pasó, que tenía el aval de la estrategia de vacunación y de que entraba en los protocolos. Es cierto que cuando presenté las alegaciones me aconsejaron que cuando hay defectos de forma es lo primero que se debe señalar y se archivó. Me consta que hay partidos que están detrás de esta cuestión, pero yo seguiré defendiendo que no incumplí ningún protocolo ni actué de forma incorrecta.

¿Temió por su destitución cuando un acuerdo del pleno del Consell, apoyado por Més, aprobó ordenar que la echaran?

No tuve ningún temor a ello, ya que la presidenta Catalina Cladera y el presidente del IMAS, Javier de Juan, me transmitieron su total confianza. Desde el primer momento yo les conté lo que había ocurrido. También tuve el apoyo, para mí muy importante, de todo el área de Gent Gran y ello me ayudó a afrontar la situación.

¿En algún momento pensó en dimitir?

No. Yo disfruto de mi trabajo, trabajé más de 14 años en el área de Gent Gran antes de ser directora. Hubiera lamentado tener que irme por este motivo, cuando el trabajo hecho durante estos dos años de pandemia ha sido bueno y no era el momento de abandonar el barco.

¿No le resultó curioso que de pedir su dimisión en un pleno la encumbren a consellera?

Es bastante curioso, pero también ha sido circunstancial. Si la consellera Teresa Suárez, por motivos personales, no hubiera dejado su cargo yo seguiría de directora de Gent Gran y Javier de Juan de conseller y presidente del IMAS. Para mí también fue una sorpresa, debo reconocerlo.

¿Su antecesor, Javier de Juan, ha pagado los platos rotos del escándalo de la explotación de los menores tutelados?

No, para nada. La presidenta Cladera lo ha querido a su lado, ya que es un persona muy inteligente y con mucha capacidad de trabajo. Se le ha reconocido su labor tan complicada en el IMAS.

¿Por qué, siendo ustedes los que menos responsabilidad tienen en la gestión de menores, se han puesto a la defensiva y no han levantado las alfombras?

Se ha enfocado la cuestión desde el punto de vista político desde el primer momento pidiendo la cabeza de Javier de Juan. Los culpables son los que consumen sexo con personas menores de edad y se puso el foco en la responsabilidad política. Los técnicos siempre han trabajado para evitar que los menores caigan en las redes que les ofrecen regalos a cambio de sexo. También se ha puesto el foco en las tuteladas y ello puede pasar en cualquier familia y pasa en todas las comunidades. De Juan lo que quería era defender la labor de los técnicos contra ataques como los de Vox.

¿Cree que en legislaturas pasadas se miraba hacia otro lado con el problema de la explotación sexual de menores?

En la pasada legislatura ya se trabajaba y se formaba a técnicos para detectar estos casos. En Infancia y Familia no solo se trata a los menores por una única causa, pueden ser múltiples y a lo largo de los años se ha formado a técnicos que hacen una gran labor trabajando de forma global. Afecta el entorno familiar, acoso escolar, maltrato,...

De todas formas, la comisión de expertos detectó retrasos de meses en denunciar una explotación sexual por parte del IMAS, cuando la ley fija 72 horas.

En la mayoría de casos no se detecta en el primer momento. Se debe trabajar mucho con ellos para conseguir que revelen que son víctimas de explotación sexual. Antes dependía del criterio técnico y ahora se ha protocolizado y sabemos que con una serie de factores ya podemos dirimir si es un caso de explotación sexual.

Me reconocerá que el «ruido mediático», como dice usted, ha servido para que ahora se apliquen medidas que antes no estaban. Es el caso de un centro especial para víctimas de explotación sexual.

Si hubiera servido para que todos nos pusiéramos las pilas, diría que bien venido sea, pero veo que algunos partidos solo buscan rédito político. Es cierto que el centro especial fue una de las medidas impulsadas desde la comisión de expertos y en este caso debemos sacar pecho. Nos dejamos evaluar y aprendimos. El centro tiene capacidad para ocho personas y no todas están ocupadas. Queremos preservar mucho su ubicación para evitar que los proxenetas vuelvan a buscar a las menores para explotarlas sexualmente. Ni yo misma sé la dirección exacta de dónde está. También es cierto que se ha mejorado el protocolo de las denuncias con la Policía, ya que antes los educadores tenían que ir a Comisaría y ahora se hace de forma directa con sistemas especiales de comunicación. También ahora se envía un informe mensual a Policía y Fiscalía, nos coordinamos para detectar las zonas de captación y las salidas no autorizadas [fugas] de los menores ya se consideran un indicio de posible explotación sexual. Todo ello se ha puesto en marcha a raíz de la comisión de expertos en los dos últimos años.

¿Cuántos menores son víctimas de explotación sexual?

En 2020 hubo dos casos y los de 2021 los sabremos cuando salga la memoria del IMAS. Puedo decir que fruto de esta coordinación con las demás instituciones han bajado de forma importante. Hay que tener en cuenta que en el IMAS en estos momentos tenemos un total de 861 menores tutelados, de los que 358 están en centros y 503 en familias de acogida. Somos pioneros en que los menores de tres años estén todos creciendo en un ámbito familiar.

¿Qué le parece la comisión de Expertos del Parlamento Europeo que vendrá a investigar los casos de explotación en Mallorca el mes de abril?

Por parte del IMAS les daremos toda la información que pidan y les ayudaremos en todo lo que necesiten. De todas formas, yo soy bastante escéptica con la utilidad de estas comisiones, al igual que una de investigación política en el pleno del Consell. No creo en la utilidad que puedan tener para mejorar la vida de las menores tuteladas y solo pido que no se haga un uso político con ellas. Hay que preguntar a los técnicos, no a los políticos.

En lo que sí les han puesto de ejemplo es en la gestión de residencias durante la pandemia.

Es fruto de la coordinación entre instituciones: IB-Salut, Dependencia, IMAS... Se constituyó un grupo de trabajo de políticos y expertos y trasladamos a Salud la necesidad de que era preciso estar pendientes del colectivo de mayores, especialmente cuando veíamos lo que estaba pasando con las residencias en la Comunidad de Madrid.