El Govern minimiza la anulación de los decretos por el TS
El toque de queda o la limitación de aforo corresponden a cuando el estado de alarma era legal
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, minimizó ayer el efecto de los decretos anulados por el Tribunal Supremo relativos a las restricciones sanitarias de 2020 en Balears, que se están produciendo igual que en otras comunidades autónomas tras el pronunciamiento del Alto Tribunal. Remarcó que corresponden a cuando el estado de alarma estaba dentro de la legalidad.
El TS ha anulado los decretos de Balears que versaban sobre el toque de queda, el control a los pasajeros nacionales en las llegadas a los puertos y aeropuertos de las islas y las limitaciones de aforo en lugares de culto y en las reuniones privadas.
La presidenta destacó que no afectan a la situación actual de la pandemia. Se trata de «una sentencia lógica», que también se está dando en otras comunidades, después de que el Tribunal Constitucional tumbase el estado de alarma.
Armengol defiende que el Govern siempre ha actuado dentro de «la legalidad», y con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Balears, para proteger a la población». Tras el fallo del Tribunal Supremo habrá efectos en las sanciones que se pusieron por quebrantar el toque de queda o las limitaciones a las reuniones sociales.
Vox pide elecciones
Así las cosas Vox pidió a la presidenta que convoque elecciones anticipadas. Para el portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, con esa decisión judicial «la forma de gobernar de Armengol queda invalidada». Reclama que los ciudadanos «decidan si quieren continuar con un gobierno comunista que pisotea sus derechos y libertades o si prefieren un cambio».
Pimem Restauración: Fin a las multas a bares
Restauración Pimem pidió ayer al Govern que «cumpla» con la ley y deje «de lado» las multas a bares y restaurantes, en relación a las sanciones que ha validado el Parlament por no controlar el pasaporte Covid en sus establecimientos. Su presidenta, Eugènia Cusí, asegura que «lo que tiene que prevalecer es la ley vigente, y el decreto vigente apunta a que vulnera la legislación de rango superior, algo que nos sorprende que el Govern no tome en cuenta».
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