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La Fundación Aldaba reclama más recursos y agilidad administrativa para menores y adultos

La Fundación suma más de 20 años ayudando a sus usuarios: «Somos su altavoz»

Elena Montero y Sergio Expósito, en la sede de la Fundación Aldaba en Inca. | J. B.

La Fundación Aldaba acumula más de veinte años de trayectoria. Ayuda a adultos con alguna discapacidad intelectual a manejarse en su día a día. Y acoge a menores que han sufrido abusos, negligencia familiar o malos tratos, así como a extranjeros no acompañados que llegaron a las islas en situación irregular. En todos los casos se trata de proporcionarles la mayor calidad de vida posible, salvando algunos obstáculos.

«En el caso de los adultos gestionamos los ámbitos de su vida que establece un juez. Pero nos ceñimos a la sentencia y eso a veces es difícil de entender. A lo mejor te dice que solo tenemos competencias para administrar la parte económica o de la medicación, y no nos podemos meter en otros ámbitos de su vida. Solo somos una pieza del puzzle. Y a veces tenemos casos complejos y faltan recursos», explica Elena Montero, delegada de la Fundación Aldaba en Balears.

«Somos como una orquesta de música. Asumimos el caso y empezamos a tocar instrumentos para que suene bien. Pero a veces no lo encontramos. Una persona puede necesitar un recurso residencial, pero cuando lo solicitas te dicen que no cumple el perfil porque tiene problemas de salud mental y consume. Y donde cumple, hay lista de espera de un año. Sería más beneficioso para ellos si hubiera más recursos y una administración más ágil», señala Sergio Expósito, director del programa Aldaba Suport Balears.

También hay dificultades en la tutela de menores. «Está muy presente algún tipo de discapacidad intelectual, aunque muchas veces no hay un diagnóstico», afirma Montero. «El hecho de que no estén diagnosticados es un problema grave, y en el caso de los menores no acompañados tenemos además la barrera del idioma, que hace que no se les puedan hacer pruebas diagnósticas», subraya.

Aldaba les atiende hasta que se resuelve su situación familiar o entran en la vida adulta. La problemática de este servicio se resume en una cifra. «El 47% de ellos tiene diagnosticado algún tipo de discapacidad, que se relaciona con problemas de conducta. La mayoría sufren un retraso madurativo, pero son habituales los casos con TDAH [trastorno por déficit de atención e hiperactividad]», afirma Montero.

«Nuestro objetivo es proteger los derechos de las personas con discapacidad. Ser su altavoz, porque a menudo son objeto de estigmatización, discriminación e incluso de violencia», añade.

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