El sindicato CCOO, convocante de la huelga de los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria que afecta desde hace tres días a 49 municipios de la isla, va a denunciar al Ayuntamiento de Llucmajor por vulnerar este derecho fundamental reconocido en la Constitución española por haber ordenado a las brigadas municipales a que procedan a la recogida de desperdicios y echarlos en un punto verde y un descampado sin ningún tipo de control.

Miguel Pardo, secretario general de la federación de Servicios de este sindicato, ha explicado que ayer una dotación policial integrada por agentes de la Policía Local de Llucmajor y de la Policía Nacional acudieron a las dependencias que la empresa que realiza el servicio de recogida en este municipio, ubicadas en Palma, con la intención de escoltar a los servicios mínimos. Los agentes hablaron uno a uno con los trabajadores adscritos a este servicio intentando averiguar si estaban coaccionados, obteniendo la negativa de los trabajadores, aunque les manifestaron su temor a salir a trabajar. Desde el sindicato están estudiando también si se pueden adoptar acciones legales por la intervención de los agentes de la Policía Local de Llucmajor en el término municipal de Palma.

También han denunciado que en Inca la concejala de Medio Ambiente, acompañada por efectivos policiales también hizo acto de presencia en las dependencias de la empresa de recogida con el fin de intentar convencerles de la necesidad de cumplir con los servicios mínimos dictados por el Consistorio, que la representación sindical considera excesivos. Han manifestado, no obstante, que en todo momento se han realizado los servicios a hospitales, escuelas y residencias, entre otros puntos.

Pardo ha reiterado su extrañeza por el hecho de que ni el Govern ni los responsables municipales de cada uno de los ayuntamientos afectados por este conflicto laboral hayan intentado en ningún momento mediar entre las partes, y que solo insistan en la necesidad de que se cumplan los servicios mínimos, cuando en la mayoría de los casos son "excesivos" ya que, en la práctica, supone que debe salir a trabajar la práctica totalidad de la plantilla. Además, según el representante sindical no es de recibo que los ayuntamientos pretendan lavarse las manos en relación a la responsabilidad de este conflicto, alegando que se trata de una cuestión que debe dirimirse entre la representación laboral y las empresas contratistas, "cuando ellos tienen muchísima responsabilidad en esta cuestión porque son los que aprueban los pliegos de condiciones por las que se adjudica el servicio y, en ellos, hay condiciones laborales inaceptables como que un peón cobre 800 euros mensuales o que el sueldo de un conductor de primera apenas llegue a los mil euros".

Por tercer día consecutivo no han recibido tampoco la llamada de ningún representante del Govern para intentar intermediar entre las dos partes en conflicto, por lo que reiteran las disculpas a la ciudadanía por la mala imagen que se está dando, algo que consideran completamente ajeno a su voluntad.

Huelga de recogida de basuras en Felanitx