Cris Ballester cumple dos años al frente del Ibavi en los que ha abordado el problema de los impagos y las ocupaciones ilegales de las cerca de 1.900 viviendas que gestiona el ente tras años de indulgencia. Saca la calculadora y estima que en 2023 las islas habrán duplicado su parque de vivienda pública. O casi.
¿Mallorca sufre una emergencia habitacional?
Sí. La emergencia habitacional es extensiva a toda España, pero afecta particularmente a Balears y a Mallorca porque uno de los factores que más influyen es ser una zona turística. Después de la crisis de 2008 hubo un ‘boom’ en el que incidieron varios factores. Por ejemplo plataformas de alquiler vacacional, que al final no han tenido tanto impacto en los precios como se dice. También influye ser una zona turística, con mucha gente que viene de fuera a trabajar y tienen que dormir en algún sitio. Vivimos más tiempo, hay más mayores con problemas de movilidad y necesitan un tipo de vivienda que no abunda en el mercado. Pero sí, hay una emergencia habitacional como una Catedral. Es innegable para todos, tanto si eres de un color [político] como de otro.
Lleva gobernando seis años el mismo color. ¿No han podido hacer nada más para frenar esa emergencia?
Si paras completamente una máquina durante cuatro años, cuando la vayas a poner en marcha no funcionará de inmediato. En 2015 se arranca una máquina parada, pero proyectos que sacamos ahora se iniciaron la pasada legislatura. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en 2013 se tomó una decisión que ahora es muy dura de afrontar: no luchar contra la morosidad, ni contra la ocupación irregular de los pisos. No es solo que se dejó de construir VPO nueva, es que se decidió no hacer nada contra las mafias que hay detrás de la gran mayoría de las ocupaciones ilegales. Se envió un mensaje de ‘fiesta para todos’ y lo único que consiguieron fue generar inseguridad y agravios comparativos. El Ibavi es una inmobiliaria social que tiene más de 1.800 viviendas. Eso implica mucho trabajo de gestión. ¿Se podría haber hecho más la pasada legislatura? No puedo responder porque yo no estaba y desconozco la dimensión del problema que se encontraron en 2015.
¿Cuántos pisos del Ibavi están ocupados ilegalmente?
En septiembre de 2019 había unos 120 pisos ocupados de los 1.756 que gestionaba el Ibavi en ese momento. Pero un piso ocupado no es solo cuando alguien rompe la puerta y entra. También pasa que una familia acaba un contrato y le da las llaves a otra sin informarnos. Las mafias funcionan así. Cuando llevaba un mes en el Ibavi fui a un piso en Cala Rajada y estaba viviendo allí una señora que trabajaba en un hotel y me dijo que había pagado dos mil euros a alguien para que le diera las llaves. Y aceptó con el argumento de que el Ibavi no hacía nada y de que los jueces iban muy lentos. Así que se mudó allí con su hija que acababa de tener un bebé porque donde vivían estaban muy estrechos. La mayoría de las veces es así, no hay una patada en la puerta.
Esta legislatura ha habido un punto de inflexión porque han empezado a poner órdenes de desahucio para recuperar esas viviendas ocupadas.
Los trabajadores sociales, que solo tenemos cuatro, fueron casa por casa, sabiendo que si no quieren abrir la puerta o identificarse no tienen por qué hacerlo. A quien no abrió se le dejó un papel debajo de la puerta notificándole que se les pondría una demanda. Les dijimos que vinieran a hablar con nosotros si su situación económica era complicada. Incluso les prometimos que si devolvían las llaves no serían registrados como ocupas y por tanto podrían entrar en la lista. Fue una acción puntual para recuperar el mayor número posible de pisos. A día de hoy hemos recuperado 49 viviendas, de las que 25 nos las han devuelto voluntariamente. Catorce se han recuperado por lanzamiento judicial; tres por intervención policial y siete porque han abandonado la casa. Quedan 71 que están dentro de un proceso judicial.
También han actuado contra la morosidad. ¿Cómo han respondido los inquilinos?
Es como con el problema de los ocupas, dijimos ‘hasta aquí’. La pasada legislatura se aprobó una adecuación de la renta, lo que significa que nadie dedica al alquiler más del 30% de sus ingresos. Ahora eso ya lo tenemos en cuenta antes de firmar cada nuevo contrato, mientras que antes era el inquilino el que solicitaba esa adecuación. También contemplamos casos específicos: a quienes viven de una pensión esa adecuación se les aplica durante los siete años del contrato. Y a quien ha sufrido un emergencia sobrevenida le adecuaremos la renta a futuro. De esta manera sabemos que pueden pagar y ellos no pueden alegar que no sabían que podían acogerse a esta adecuación. Así que desde marzo enviamos un SMS si hay un primer recibo impagado. Con el segundo, llama el trabajador social. Y si hay un tercer impago, ponemos una demanda. Con respecto a los contratos ya en vigor, los hemos estudiado por grupos. Hay 122 viviendas que tienen más de 47 recibos. Es decir, más de cinco años sin pagar. Todos han sido demandados salvo los que han podido acreditar una situación de mucha vulnerabilidad. Ahora estamos evaluando a quienes tienen 24 recibos impagados. Pero muchos vienen voluntariamente buscando un acuerdo para regularizar su situación. A finales de 2020 había 760 familias con impagos. Y en el primer trimestre de este año ese número se redujo a 543, un 30% menos.
A principios de legislatura el entonces conseller Marc Pons prometió duplicar el parque de vivienda pública de las islas. Eso implicaría llegar a 3.600 dentro de dos años. ¿Van a poder cumplir?
Hay 911 viviendas previstas de obra nueva, de las que 578 ya se están construyendo. Otras 212 se empiezan de aquí a final de año. Y 121 se iniciarán a lo largo del año que viene. A estas 911 hay que sumarles nueve que ya se han entregado y otras 71 adquiridas por derecho de tanteo y retracto. Parte de ellas compradas a grandes tenedores según figura en la ley de vivienda de Balears. Así que tenemos 991 en total. Pero eso no significa que no haya más suelo y más presupuesto para tener más. Hay viviendas en proceso de compra, estamos teniendo muchas propuestas sobre todo a raíz de la crisis. ¿En 2023 tendremos el doble de las que teníamos? No lo sé. Pero nunca durante una legislatura el Ibavi había empezado y terminado unas viviendas. Y no encontraremos otro momento en el que se haya hecho tanto en tan poco tiempo. Si no son el doble, seguro que nos quedaremos muy cerca.
La lista de espera para un alquiler social es de nueve mil personas, aunque el Ibavi siempre puntualiza que una parte de ellas no cumple con los requisitos. ¿Qué parte? ¿Han hecho un filtrado?
No podemos basarnos en la lista de espera porque te puedes apuntar incluso siendo propietario de un piso. Hace años el Ibavi dio muchas facilidades para apuntarse porque los pisos se quedaban vacíos. Ahora queremos pedir toda la información a la hora de inscribirte, no cuando te vayamos a alquilar el piso. Así que sólo estarán inscritos quienes cumplan con nuestros requisitos y tendremos unas cifras más exactas.
En 2018 el Ibavi lanzó el programa Cohabita, pero las dos cooperativas de vivienda a las que se les adjudicó un solar todavía están lejos de poner el primer ladrillo.
Solo se adjudicaron dos solares de cinco, los otros tres quedaron desiertos. Seguramente eso significa que en las islas falta cultura de cooperativismo. Las dos cooperativas con los solares adjudicados nos piden tiempo y ayuda para encontrar financiación. Yo he estado en reuniones en bancos éticos, pero no lo ven viable. Y según las bases de Cohabita son ellos los que se comprometen a buscar financiación. Nosotros no les podemos financiar porque eso implicaría cambiar las normas del concurso y lógicamente no lo haremos.
Aunque no es competencia de la directora del Ibavi, ¿está a favor de poner un tope a los precios del alquiler?
La vivienda es un bien preferente y eso significa que hay que hacer cosas. ¿La solución pasa por limitar el precio del alquiler? No lo sé, depende de la zona. ¿Hablamos de una zona súpertensionada como Eivissa o hablamos de Santa Eugènia? No he estudiado este tema en profundidad como para saber qué impactos provocaría. Pero es necesario hacer algo, independientemente del color [del que gobierne], para que la vivienda sea considerada un derecho y no un bien con el que especular. El acceso a la vivienda es una variable que afecta a la competitividad de un territorio. Por tanto, quienes quieren potenciar el crecimiento económico deben saber que esa variable influye. Habría que estudiar bien los posibles impactos de limitar los alquileres, pero soy más partidaria de medidas en positivo. Por ejemplo, un descuento fiscal a quienes alquilen a un precio de protección social.
¿Qué quieren decir cuando hablan de construir viviendas sostenibles?
Tenemos encima una emergencia climática y una emergencia habitacional. Algo que tenemos muy presente desde el primer minuto es que el edificio produzca un bajo impacto ambiental, y no solo utilizando energía verde mientras se construye. En nuestras viviendas se necesitará menos aire acondicionado y calefacción porque buscamos que haya una ventilación cruzada. Hay todo un estudio previo para que haya menos consumo de energía y gasto para el inquilino. Utilizamos materiales de kilómetro cero y contaminamos menos. Eso es importante porque en 2020 el Ibavi construyó el 10% de las viviendas que se levantaron en Balears. Así que es incluso irresponsable poner en duda que paguemos un poco más para hacer las cosas de manera sostenible porque a medio y largo plazo los efectos del cambio climático los pagaremos todos.
