Los sindicatos y asociaciones de la enseñanza concertada en Balears denunciaron «la infradotación de recursos educativos para la atención a la diversidad en este tipo de centros». Así, el sindicato USO apuntó que, «a la luz de los datos proporcionados por la conselleria de Educación en la mesa, se constata que el sector concertado seguirá estando infradotado para la atención de alumnos con necesidades de apoyo educativo, en claro contraste con la enseñanza pública».

Además, declararon que «la administración sacrifica el principio de integración e inclusividad que proclama la recién aprobada LOMLOE a criterios económicos, manteniendo la misma dotación global que tenían los centros concertados antes de la aprobación de la citada Ley Orgánica y sin tener en cuenta las enormes consecuencias negativas para el alumnado vulnerable que ha acarreado la crisis sanitaria de la covid».

Por otro lado, esta asociación también señaló que «la insuficiencia de recursos humanos para atender debidamente al alumnado con necesidades específicas se une a un enorme déficit de la partida de gastos de funcionamiento de los colegios, que reciben los fondos en igual cuantía desde 2009, pese a las promesas incumplidas de actualizarlos por parte del actual equipo».

Desde otra perspectiva, la Escuela Católica de Balears (ECIB) detalló que «hemos solicitado repetidamente que la Conselleria informe de la dotación de personal de atención a la diversidad que, hoy en día, tienen los centros públicos. A día de hoy, la Conselleria sigue sin dar esta información al sector concertado. Mientras tanto, Educación pretende que nuestras organizaciones sean las que decidan cómo repartir el mismo número de profesionales con que el sector contaba el pasado curso, lo que implica necesariamente que, para que un centro reciba más dotación de recursos porque haya aumentado el número de alumnos con necesidades, otros centros los deberán reducir, aunque sigan teniendo el mismo o mayor número de alumnos en la misma situación».

Por último, concluyeron explicando que «la Conselleria fija un máximo de horas por centro para atender a estos alumnos, lo que contradice claramente el planteado en la futura ley educativa balear».