Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

«La jubilación del ‘baby boom’ está a la vuelta de la esquina»

Sindicatos, graduados sociales y expertos económicos analizan la reforma de pensiones que plantea el ministro Escrivá y hacia dónde caminará el sistema de retiro en el futuro

La reforma de las pensiones busca retrasar la edad de jubilación.

La reforma de las pensiones busca retrasar la edad de jubilación.

«Atravesamos un momento complicado para el sistema de pensiones porque vivimos en un Estado del Bienestar con pocas herramientas». El concepto de la jubilación ha sido uno de los problemas más señalados durante los últimos años. Una incertidumbre que se ha ejemplificado con protestas alrededor de todo el país, con asociaciones exigiendo una retribución justa. «El asunto de las pensiones siempre ha sido muy problemático y cada vez lo será más porque, al aumentar la esperanza de vida, la tasa de jubilados crece», apunta Antonio Alcover, miembro del Colegio de Economistas de Balears y profesor en la UIB. De hecho, ya se llevaron a cabo dos reformas, durante el 2011 y el 2013, para intentar paliar esta situación.

Sin embargo, para frenar la crisis agravada por la pandemia, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puesto encima de la mesa una nueva modificación que se está negociando actualmente con sindicatos y patronales. ¿Cuáles son las claves de este cambio? ¿Hacia dónde se dirige el futuro de las pensiones? Desde la perspectiva de Xisca Garí, secretaria de Políticas Sociales de UGT en las islas, es una reforma que todavía se encuentra en fase de construcción, ya que se está negociando con los sindicatos y patronales: «Se ha constituido una mesa técnica de diálogo entre los diferentes agentes para evaluar las medidas». No obstante, el ministro ya ha anunciado algunos de los puntos claves que se pretenden poner en marcha en el sistema.

Declaraciones que no gustaron nada a algunas asociaciones, tal y como asegura Eva Cerdeiriña, secretaria de Acción Sindical y Políticas Sociales de CCOO en Balears: «Ha hecho declaraciones públicas sin haber debatido con nosotros. El hecho de que el Ministerio actúe así dificulta el diálogo». Uno de los elementos más importantes que podría marcar esta reforma es la penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias, a través de nuevos coeficientes reductores en determinados tramos de edad.

Jubilaciones anticipadas

Según Mercè García, vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales de Balears, esta es una propuesta cuyo objetivo es que los trabajadores aguanten lo máximo posible: «Coeficientes reductores ya existían, lo que buscan aumentándolos es que no sea atractivo retirarse del mercado anticipadamente. La penalización actual es ya elevada, no se puede empeorar más». Un argumento que comparte Xisca Garí, de UGT: «No estamos de acuerdo con el endurecimiento de las medidas para aquellos que se jubilan de forma anticipada. La mayoría de estas personas no lo hacen por capricho, sino porque se han quedado en el paro y no tienen otro remedio».

Por otro lado, Alcover considera que estas penalizaciones serían una de las posibles soluciones para solventar el endeudamiento que se está generando: «No es viable que en el actual sistema la gente se jubile antes, porque cada vez hay más pensionistas que cotizantes, es decir, más gastos que ingresos. Por tanto, si no queremos aumentar el déficit público, se tiene que buscar que coticen el mayor número posible de trabajadores».

Otro de los puntos clave en este proyecto es la potenciación de los retiros demorados, es decir, premiar a aquellas personas que decidan retrasar su jubilación más allá de la edad efectiva o legal.

Vida laboral más larga

Para Eva Cerdeiriña, estas recompensas son positivas, aunque se deben destinar sobre todo hacia los que más lo necesiten: «Estamos de acuerdo con demorar la vida laboral, pero hay que ir un paso más allá, hay que luchar para que aquellas personas con pensiones bajas que opten por prolongar la vida laboral sean las que más se vean recompensadas». Asimismo, Alcover estima que el aumento de la vida laboral es fundamental, ya que la longevidad de las personas hace que el contexto social haya cambiado por completo: «En los 70, una persona que se jubilaba cobraba una pensión durante diez años hasta su fallecimiento; en 2015 se situó entorno a los 17 años. Tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y lo lógico es que en el futuro la edad de retiro se retrase».

Según el propio Alcover, la nueva reforma propuesta sigue la teoría del palo y la zanahoria: «Quieren aumentar el número de cotizantes y lo están haciendo a través de dos vías: los incentivos y la penalización». Por otro lado, Xisca Garí apunta a que la jubilación demorada no es una opción viable en determinados colectivos: «No es lo mismo un administrativo que un albañil, hay algunos oficios en los que esto no es posible. Lo ideal es que todos nos pudiéramos jubilar a los 65 años y dar paso a las nuevas generaciones».

Más allá de esta reforma que está negociando el Ministerio con los sindicatos, los diferentes testimonios se muestran muy preocupados por el futuro de las pensiones y su estabilidad, tal y como sostiene Mercè García: «El problema es que la jubilación se paga con las cotizaciones, y en el contexto de crisis económica que estamos viviendo, con muchas personas en búsqueda activa de empleo, el sistema será difícilmente sostenible, esa es la realidad».

Además, señalan que el proyecto de pensiones tendrá que hacer frente al retiro de una gran generación: «Se necesita un gran cambio y esfuerzo porque la jubilación del ‘baby boom’ está a la vuelta de la esquina», defiende Cerdeiriña, de CCOO.

Frente a esta situación, una de las alternativas que se debe aportar según Xisca Garí, de UGT, son políticas de ocupación, especialmente para que los más jóvenes aumenten el cupo de cotizantes: «Nunca antes la juventud había tenido tantas dificultades para firmar un contrato digno, hay que acabar con esta precariedad para que puedan aportar al sistema».

Futuro lleno de incógnitas

Desde otro enfoque, Antonio Alcover señala hacia la natalidad y su potenciación como una de las vías a largo plazo para el país: «En el 2050, España será uno de los países más envejecidos, la solución a largo plazo es aplicar políticas de natalidad». El propio economista también apunta a la economía sumergida como uno de los principales problemas a erradicar: «La economía sumergida se cifra en torno al 25% del PIB, eso supone una gran pérdida para la tesorería de la Seguridad Social».

Por último, los principales sindicatos, tanto UGT como CCOO en las islas, exigen que se derogue la actual reforma: «El Gobierno tiene que cumplir su promesa: la derogación de la reforma del 2013 y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, sólo de esta forma se podrá sacar adelante este proyecto», explica Xisca Garí. Sea de la forma que sea, lo fundamental es encontrar la fórmula que permita establecer un sistema de pensiones digno y eficaz, tal y como concluye Mercè García, del colegio de Graduados Sociales: «Hay que confiar en el futuro de las pensiones, porque los que han trabajado durante tantos años merecen que su esfuerzo se vea recompensado».

El poder adquisitivo de las pensiones y el IPC

La reforma que plantea el ministro Escrivá también incluye la revalorización de las pensiones y su ajuste al Índice de Precios al Consumo (IPC) como otro de los puntos fundamentales. En un principio, se había puesto encima de la mesa la revalorización de estas en función del IPC del año anterior y repercutir posteriormente los periodos de inflación negativa. Una medida que podría verse frenada ante la negativa de los sindicatos, tal y como explica Eva Cerdeiriña de CCOO en las islas: «Si no se modificaba este punto no íbamos a seguir negociando». Una idea que comparte Xisca Garí, de UGT: «Cuando haya un año con un dato negativo del IPC las pensiones no se tienen que tocar, y cuando es positivo se deben revalorizar». Por otro lado, el economista Alcover estima oportuno buscar alternativas a esta revalorización: «Sería deseable que las pensiones más bajas se vincularan al IPC y que las más altas busquen algún factor de sostenibilidad para garantizar que el déficit público no crezca».

Compartir el artículo

stats