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Balears pondrá en marcha 774 viviendas públicas de alquiler en 2021

La Conselleria se fijó el objetivo de incorporar más de 1.000 VPO en los próximos dos años

Nuevas viviendas de protección oficial en Inca

Nuevas viviendas de protección oficial en Inca

La Conselleria de Movilidad y Vivienda presentó ayer un nuevo proyecto de construcción de vivienda pública destinada al alquiler social en Balears. Una propuesta con la que se pretende incorporar 1.118 VPO durante los próximos dos años, con el objetivo de incrementar el actual parque público un 62 %. «Es un objetivo totalmente factible con el ritmo de construcción que estamos llevando a cabo», aseguró el conseller Josep Marí, quien presentó este plan junto a la gerente del IBAVI, Cristina Ballester, y el director general de Vivienda y Arquitectura, Eduard Robsy. Así, durante lo que resta de 2021, el Govern pondrá en marcha 774 viviendas de este estilo, aunque se espera que tan solo 99 estén listas para ser entregadas. Por otro lado, se espera que en el año 2022 puedan estar listos 499 domicilios de protección oficial y 181 en el 2023.

De los 1.118 VPO que están previstos para antes de que acabe la actual legislatura, 902 son viviendas de nueva construcción llevadas a cabo por el IBAVI, mientras que las 216 restantes que incrementarán el parque público procederán de otras vías. Entre estas, un mínimo de 77 por el derecho de tanteo y retracto, 40 de colaboraciones público privadas, 43 procedentes de cooperativas y 56 por cesión obligatoria temporal de los denominados grandes tenedores.  

Una de las construcciones que se han puesto en marcha en Menorca

30% de ingresos

Respecto al presupuesto que se prevé para este proyecto, se estima que se destinarán alrededor de 129 millones de euros, aunque este podría variar en función de si se construyen más o menos viviendas de las previstas. Por otro lado, Josep Marí aseguró que las promociones estarán destinadas exclusivamente a alquiler social, e informó que han establecido un sistema de pago que garantiza a los usuarios de estos domicilios una renta adaptada a sus posibilidades. «Nunca deberán pagar más del 30% de sus ingresos, de cada unidad familiar», afirmó el conseller. En cuanto a los materiales que se emplearán en estas viviendas, Cristina Ballester, gerente del IBAVI, defendió que «responden a una arquitectura sostenible, intentando aprovechar al máximo los recursos energéticos naturales para hacerlos sostenibles, tanto a nivel medioambiental como económico».

Es un objetivo totalmente factible con el ritmo de construcción que estamos llevando a cabo

Josep Marí - Conseller de Movilidad y Vivienda

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Por islas, durante el 2021 estarán en construcción un total de 572 VPO en Mallorca, 116 en Menorca y 86 en Eivissa. Finalmente, tanto Marí como Ballester insistieron en que estas son las cifras tangibles actualmente pero que, con toda seguridad, el incremento del parque público será mayor porque dispondrá del presupuesto de las próximas anualidades.

Nuevas viviendas públicas en construcción en Eivissa

Los grandes tenedores presentan alegaciones por las expropiaciones

El director general de Vivienda, Eduard Robsy, confirmó ayer que todos los grandes tenedores, una quincena, afectados por la cesión de uso temporal de viviendas decretada por el Govern presentaron alegaciones, «como era de esperar», según explicó el propio Robsy. En la rueda de prensa junto al conseller Josep Marí, el director general explicó que esta semana concluyó el periodo de alegaciones y que a partir de ahora se estudiarán y se analizarán.

Asimismo, añadió que el Ejecutivo balear está abierto a leer y escuchar los argumentos de los afectados y reconsiderar las decisiones si hubiera razones suficientes para ello aunque, a su juicio, «el Govern ha actuado correctamente». Una vez resueltas las alegaciones, apuntó, se firmará la resolución definitiva de la expropiación de uso temporal para que pueda seguirse con el procedimiento. Por otro lado, además de los tenedores afectados directamente por la orden del Govern, una tercera entidad no afectada también reclamó aunque no quisieron precisar la identidad de la misma. 

En cuanto a la regulación del alquiler, Josep Marí se mostró partidario de esta iniciativa aunque advirtió que la comunidad autónoma no tiene competencias para ello. También Robsy aseguró que Balears no tiene la capacidad legislativa, pero «se han hecho consultas, porque se trata de una decisión que afectaría a la competencia y a la ley estatal en la materia». El conseller Josep Marí concluyó afirmando que «sería una gran opción».

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