El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Balears ha dictado una sentencia donde condena al ayuntamiento de Marratxí a abrir una investigación para determinar si el expresident del Govern por el PP y ahora eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, podía cobrar dedicación exclusiva como alcalde del municipio y, al mismo tiempo, regentar su farmacia del Pont d’Inca Nou, así como dos sociedades mercantiles más.
Esta sentencia viene a consecuencia de una demanda interpuesta en 2013, cuando Bauzá era todavía alcalde de Marratxí, por parte de Izquierda Unida (IU). La magistrada María Esther Castanedo García, además de condenar al Ayuntamiento a que abra una investigación sobre la compatibilidad de Bauzá, también les condena a las costas del proceso.
Todo empezó cuando en abril de 2013 Izquierda Unida presentó una proposición en el pleno del consistorio de Marratxí donde se pedía que los servicios jurídicos municipales verificaran si el entonces alcalde Bauzá era compatible con su actividad profesional y el cobro de un nómina como primer edil. El Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP, rechazó la proposición, por lo que Izquierda Unida decidió presentar recurso contencioso administrativo.
Según el abogado Nicolau Fonollar, si se declara Bauzá incompatible tendría que devolver 120.000 euros
En el escrito de la demanda, la formación política representada por el abogado Nicolau Fonollar, entendía que Bauzá «incurrió en incompatibilidad mientras era concejal y alcalde con nómina y, al mismo tiempo, tenía la titularidad de una farmacia y su condición de administrador de las mercantiles José Gutart Poch SLNE y Bauser Internacional 2001 S.L». Hay que recordar que el expresident primero fue concejal y después alcalde entre 2003 y 2015.
En una primera instancia se desestimó la demanda presentada por Izquierda Unida, admitiendo los argumentos del ayuntamiento de Marratxí que alegaba que la formación política no estaba legitimada para presentar dicha demanda. No obstante, el letrado Nicolau Fonollar decidió apelar y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) revocó la sentencia desestimatoria el 26 de marzo de 2014. El ayuntamiento de Marratxí y el propio Bauzá volvieron a pedir sin éxito la inadmisión del recurso.
Incoar y resolver investigación
La sentencia de la magistrada María Esther Castanedo apunta: «Condeno al Ayuntamiento a incoar, tramitar y resolver un procedimiento investigador sobre la concurrencia o no de las incompatibilidades señaladas por IU, con expresa condena en costas a la parte demandada [Consistorio]) y codemandada [Bauzá]». En los antecedentes de hecho, la magistrada señala que la «investigación debe determinar si la condición de administrador del codemandado implicaba mucha implicación en la misma».
Según Nicolau Fonollar, en el caso de que se determine incompatibilidad, Bauzá tendría que devolver alrededor de 120.000 euros de sus nóminas de alcalde.
Ahora el ayuntamiento de Marratxí, gobernando por un pacto entre el PSOE, Més y El Pi, deberá decidir se abre la investigación a la que le condena la jueza o, por el contrario, acuerdan recurrir ante el TSJB la sentencia.
