El propietario de uno de los locales en el complejo de Globalia en Llucmajor denuncia que la compañía no tiene ni certificado del final de obra ni la cédula de habitabilidad en el edificio que promovió la familia Hidalgo en la ampliación de su sede en Mallorca, donde tras construirla vendió espacios para uso comercial a particulares. El mallorquín ya ha puesto en manos legales el asunto y anuncia que denunciará a la compañía.
A consultas de este diario, desde la dirección de Comunicación de Globalia se rechazó ayer hacer declaraciones. Sin embargo, fuentes próximas al grupo turístico sostienen que sí se cuenta con el final de obra y licencia de actividad.
La sede de Air Europa y divisiones de otros empresas de Globalia en Llucmajor ha sido noticia porque, junto con la de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, han servido de avales para los prestamos por 475 millones otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), junto con otras propiedades del grupo turístico.
El mallorquín propietario de uno de los locales en la división horizontal del complejo de Globalia lo adquirió en su día por aproximadamente medio millón de euros. Cabe recordar que a la sede abierta en 1998 en la isla se le hizo una ampliación en 2010 de 12.200 metros cuadrados, construida por Sunion, en cuya inauguración el expresidente Francesc Antich acompañó a Juan José Hidalgo, presidente de la compañía. En total, el complejo suma 30.000 metros cuadrados.
Hace cuatro meses, un posible inquilino se interesó por su local y llegó a un acuerdo de alquiler que incluía una serie de inversiones, según relata. Cuando el ingeniero contratado por el inquilino procedió a solicitar información para el proyecto y las respectivas licencias, se encontró con «la sorpresa mayúscula» que le trasladó el ayuntamiento de Llucmajor: no había final de obra ni tampoco cédula de habitabilidad.
A raíz de las irregularidades, sus representantes legales han intentado en «reiteradas ocasiones» que Globalia Activos Inmobiliarios solventase la situación que como «promotores» les compete hacerlo, sostiene. Hasta ahora no han logrado «respuesta satisfactoria». Por ello han procedido a comunicarse, también por medio de burofax, con Globalia, el ayuntamiento de Llucmajor y la SEPI, como hace constar aportando pruebas documentales. La próxima semana presentarán una demanda contra la compañía.
Como este propietario hay otros que adquirieron locales en la sede de Globalia. Además de que hay «un montón de espacios vacíos».
El denunciante lamenta que no puede hacer «nada» con su propiedad y considera «brutal» que el ayuntamiento de Llucmajor haya permitido esta situación. También critica que la SEPI otorgue un préstamo aceptando entre los avales un edificio irregular.
