El Estado hipoteca la sede de Globalia como garantía del rescate público
Presta 475 millones a Air Europa para facilitar su fusión con la compañía Iberia
La sede principal de Globalia está ubicada en el polígono de Llucmajor. / REDACCIÓN. PALMA
Redacción
La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), que pertenece al Estado, va a hipotecar la central de la compañía Globalia, en Llucmajor, como garantía del préstamo con fondos públicos que se va a otorgar a la empresa Air Europa para facilitar su fusión con Iberia. Esta decisión fue adelantada ayer por el periódico digital El Confidencial, que señala que el Estado está negociando con Iberia algunas de las cláusulas del préstamo concedido a Air Europa para facilitar la fusión de ambas compañías. Con esta financiación se ha evitado el colapso económico de la compañía que fundó Hidalgo, debido a la crisis provocada por la pandemia sanitaria.
La empresa estatal ha decidido pignorar la sede principal de esta compañía aérea, ubicada en el polígono de Llucmajor, como garantía de cobro del dinero que se presta a la familia Hidalgo. La empresa turística tiene su principal sede de sus sociedades en este edificio de Llucmajor. La sede dispone de una superficie de unos 30.000 metros cuadrados.
Según detalla el periódico digital, especializado en información económica, el préstamo que aporta el Estado tiene una duración de cinco años. El tipo de interés del dinero está por encima del de mercado. La familia Hidalgo ha puesto como garantía algunos de los hoteles que explota, así como el aval de la venta a la compañía Iberia.
La posición de la empresa estatal se considera esencial para concluir esta operación económica a tres bandas. El acuerdo definitivo podría anunciarse en los próximos días. Sin embargo, aún se está pendiente de la decisión de la Comisión Europea, ante posibles problemas de monopolio.
Por otra parte, el grupo Unidas Podemos en Balears ha pedido al Gobierno central que proteja a los trabajadores de la empresa Air Europa, tras su rescate por el Estado.
La diputada Antònia Martín cree que el rescate con dinero público ha de estar directamente vinculado al mantenimiento del puesto de trabajo de todo el personal para evitar despidos.
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