El sindicato ANPE solicitó ayer a la conselleria de Educación que la nueva ley educativa de las islas incluya «aspectos esenciales» como una bajada generalizada de las ratios, mejoras sociolaborales para los docentes, más financiación y medidas de conciliación sociolaborales.
La organización sindical, a través del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), ha aprovechado el período de alegaciones de cara al anteproyecto de ley de Educación para manifestar que no puede asumir la elección «a dedo» del personal docente y los elevados precios del alquiler de vivienda en las islas, explicó ANPE en una nota.
Asimismo, lamentaron la falta de implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos o el aumento de medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar.
Para ANPE, estas cuestiones se tendrán que debatir «con más concreción» en la Mesa Sectorial de Educación con el fin de garantizar los derechos sociolaborales y una educación pública de mayor calidad en la comunidad.
«Las líneas rojas de la ley balear deben prestigiar el esfuerzo del profesorado realizado durante la pandemia a través de una partida económica que la acompañe», incidió ANPE, que también lamentó que esta cuestión no se contemple en el anteproyecto de la ley educativa presentada por el conseller Martí March.
Según el sindicato, la propuesta de March no detalla «con claridad» aspectos como la compensación de la insularidad, la posibilidad de la jubilación parcial que renueve las plantillas y la reconversión de los maestros al nivel retributivo A1, entre otros puntos.
