El juzgado de lo social número 3 de Palma celebró ayer el juicio por las demandas de 10 trabajadores de IB3 que mantienen que el ente público ha cedido de forma irregular a sus empleados de los servicios informativos a empresas subcontratadas. Los trabajadores reclaman la internalización y que los 200 empleados pasen a ser personal de IB3. Mientras la Abogacía del Govern, que curiosamente defiende los intereses del ente público, mantiene que no ha habido «cesión ilegal» de trabajadores.
Entre los demandantes se encuentran los 9 miembros del comité de empresa de Liquid Media S.L., la empresa adjudicataria de los informativos desde 2017, filial de Mediapro y que acaba de perder la concesión de los informativos de la televisión pública balear. Los trabajadores de IB3 también han demandado a Liquid Media por cesión ilegal en el mismo procedimiento. De todas formas, estas no son las únicas demandas, se han presentado un total de 134 individuales de trabajadores de los servicios informativos de IB3.
Hay que recordar que el actual Pacto de Izquierdas del Govern, en 2015, incluyó en uno de sus acuerdos la internalización de los servicios informativos de IB3. Por ello, los trabajadores calificaron de «curioso» que el mismo Govern ponga a los abogados de la Comunidad para defender a IB3 de sus trabajadores cuando el ente público cuenta con servicios jurídicos propios.
En el juicio de ayer, por restricciones a causa de la covid-19, declararon unos siete testigos citados por los trabajadores, que están defendidos por el abogado Francisco Pérez, especialista en cesión ilegal de trabajadores en medios de comunicación. Entre los testigos citados figuraba el director de Transmedia de IB3, Jaume Perelló, extrabajadores como Francesc Ferrer, el delegado del ente en Menorca, David Marqués, o Miquel Bauçà, editor de informativos. Por parte de IB3 también estuvieron presentes la gerente, Marga Cardona, y el jefe de informativos, Josep Pons. El abogado enviado por el Govern fue Jesús Garriga. El objetivo de los trabajadores era demostrar que los directivos del ente público dan órdenes a los trabajadores de las subcontratas, lo que podría demostrar la cesión ilegal.
La finalidad de este proceso judicial es «conseguir la internalización en IB3 después de 15 años de subcontratas que han provocado una gran degradación de nuestras condiciones laborales», apuntaron desde el comité de empresa de IB3.
Por su parte, desde la dirección de la radio y televisión pública de Balears aseguraron que IB3 «mantiene desde su nacimiento el modelo de externalización de contenidos y que, en el caso de los informativos, las grandes empresas del sector han ejecutado el contrato, sin haber incurrido en cesión ilegal de trabajadores». Tras estas declaraciones de ayer, se está a la espera de que se dicte la sentencia.
