Los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo que incumplan con el requisito del Gobierno español que exige una PCR negativa en las 72 horas previas a su llegada a España podrán ser sancionados con multas de hasta 60.000 euros e incluso superiores si se llega a determinar que la infracción es muy grave.

Tanto Pimem como el PP piden también la prueba para los visitantes de la península, mientras el Govern «no tira la toalla» para que Madrid estime la necesidad de hacer el control sanitario a las personas que lleguen al archipiélago desde puertos y aeropuertos de otras CCAA. Así lo aseguró ayer el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, porque el movimiento de personas dentro del territorio español es más importante que la movilidad internacional ya que esta se rige por las restricciones impuestas por sus países.

A los viajeros que se salten la normativa, que entra en vigor el 23 de noviembre, y a su llegada a un puerto o aeropuerto del Estado español no tengan la prueba se les ofrecerá la posibilidad de hacerse un test de antígenos, pero, como advirtió el miércoles el ministro Salvador Illa, se les pondrá la «correspondiente sanción». Esta, en virtud de la aplicación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública que contempla infracciones leves, en cuyo caso la sanción será de hasta 3.000 euros, graves, de 3.001 hasta 60.000 euros y muy graves, con multas desde 60.001 hasta 600.000 euros, detallaron ayer desde la Delegación del Gobierno. La presentación de la PCR se hará en el primer aeropuerto o puerto español al que llegue el viajero.

Se mantienen los controles de temperatura y el visual como hasta ahora y se añade la prueba diagnóstica con resultado negativo para limitar la utilización de cuarentenas, como explica la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado.

En el formulario de control sanitario que deben complementar los pasajeros antes de su entrada en España se incluirá la pregunta de si el viajero dispone de una prueba de diagnóstica de infección activa con resultado negativo, en sintonía con el formulario elaborado por la Organización de Aviación Civil Internacional, basado en el llamado Passenger Location Card.

Las aerolíneas deben comprobar antes del embarque del pasajero que dispone del código QR generado a través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Los que lleguen por vía marítima –o los que «excepcionalmente» a pesar de venir por vía aérea no hayan podido cumplimentar telemáticamente el formulario– lo presentarán en formato papel hasta que se habilite el sistema informático.

Si hay sospechas de que se padezca covid, se podrá exigir otra PCR en las 48 horas siguientes a la llegada.

Aena y las autoridades portuarias seguirán como hasta ahora colaborando para la aplicación de este nuevo requisito, bajo la supervisión de Sanidad Exterior.

El listado de países o zonas de riesgo se revisará cada quince días y está disponible en la web del Ministerio.

El Gobierno comunica a las autonomías la obligación de una prueba PCR para los viajeros que provengan de países de riesgo Agencia ATLAS / Daniel Tortajada

Precios asequibles

Para Pimem se debe aprovechar la condición de la insularidad para aplicar los protocolos de PCR a nivel nacional. Y el presidente del PP en Balears, Biel Company, lamenta que los test a los turistas se hagan «con cinco meses de retraso», además de que insiste en extenderlos a los visitantes nacionales por la proximidad de los viajes de Navidad.

Por su parte, la presidenta Francina Armengol afirmó que las pruebas garantizarán la seguridad de los ciudadanos.

Quienes ya han mostrado su descontento con la nueva medida son los hoteleros y las aerolíneas. Para la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el Gobierno «llega tarde» y critica que «resultará muy costosa para los viajeros y poco operativa ante los avances con otras pruebas de detección.

Y el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, pide «un programa de test armonizado, asequible y rápido», que se realice a la ida y a la vuelta para eliminar las restricciones a volar y las cuarentenas actualmente vigentes. Gándara cree que va a «perjudicar a la conectividad». El coste en PCR para una familia de cuatro miembros que viaje ronda los 600 euros.