Los dos inspectores de Policía que llevan dos años trabajando para desmontar la investigación del caso Cursach han mantenido una estrecha colaboración con un abogado, que les ha ido facilitando documentos para que elaboraran su atestado contra el testigo número 29, para desacreditar su versión. Este testigo está citado hoy a declarar ante el TSJB. Según una serie de correos electrónicos internos, en poder de este periódico, uno de los inspectores, a través de su cuenta oficial, le solicitó al abogado una serie de documentos, como son la sentencia por la que se condena a un individuo por agredir al testigo 29, (el excamarero de Tito’s), así como el recurso que se presentó ante la Audiencia (que fue rechazado), para anular dicha condena. La relación entre Policía y letrado no coincide para nada con la posición que hasta ahora ha mantenido la Fiscalía, que pide una condena de cuatro años y medio de cárcel para el abogado por acosar a este testigo protegido. Ni tampoco con la interpretación que ha realizado una juez de instrucción, que consideró que existían indicios de delito y ha decidido sentar en el banquillo a este abogado.
Los documentos que los inspectores conocidos como Los Juanes piden al abogado están registrados en el juzgado, dado que se refieren a un caso ya juzgado y con sentencia firme. En lugar de pedir dicha documentación de forma oficial al propio juzgado, se la piden al letrado y se da la circunstancia que el informe que elabora la Policía para acusar al juez Penalva y al fiscal Subirán de graves delitos en el caso Cursach, coincide con los argumentos el abogado defensor. Este capítulo del informe policial se refiere a la agresión cometida por un ciudadano rumano, que golpeó al testigo protegido en el garaje de su casa. Varios jueces han confirmado dicha agresión a través de dos sentencias condenatorias, pero la Policía dice ahora que no existió. Los inspectores afirman que el testigo ha sido capaz de engañar a la juez que condenó al agresor, y que antes hizo lo mismo con otra magistrada distinta, que condenó también a un individuo rumano que estuvo merodeando por su casa para asustarle. Pero se da la circunstancia que ambas sentencias fueron confirmadas por la Audiencia. Sin embargo, los dos policías sostienen la teoría que Penalva y Subirán habrían utilizado a este testigo para defender sus intereses, y que éste habría sido capaz de engañar a todos los jueces que juzgaron sus denuncias por agresión. Ambos condenados, los dos de nacionalidad rumana, han sido situados en el entorno del grupo Cursach y se ha interpretado que habrían actuado contra el testigo para que cambiara de versión. En el informe policial, sin embargo, nada se dice de las conclusiones que reflejan las sentencias para justificar ambas condenas.
Otros correos
En otros correos, que no han sido incorporados a la causa, se demuestra que los policías siguen informando del caso al fiscal Carrau, a pesar de que éste fue apartado de la investigación por su relación laboral con Subirán. Le facilitan una copia de dos denuncias presentadas por dos testigos.
También se comunican por correo con un empresario, que en su momento fue detenido por fraude en el caso IME y quien fue condenado después de reconoce el delito y firmar un pacto con fiscalía.
Este periódico se puso en contacto ayer con un portavoz oficial de la Policía Nacional, que no quiso hacer ningún comentario sobre el objeto de estas consultas de los dos inspectores .
