El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado su visto bueno provisional a que Balears prohíba la venta de coches diésel el año 2025 tal como establece la ley de Cambio Climático balear. De este modo, el Ejecutivo central legitima uno de los puntos estrella de la normativa autonómica y que estaba suspendido a la espera de un pronunciamiento favorable de Madridestaba suspendido a la espera de un pronunciamiento favorable de Madrid.
La autorización aparece incluida en el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está redactando el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. "Las Comunidades Autónomas insulares, por la singularidad de sus territorios, podrán, previo informe favorable del Gobierno y dentro de su ámbito territorial, acordar medidas de promoción de movilidad limpia, coherentes con la normativa comunitaria sobre comercialización de vehículos, para alcanzar los fines previstos en esta ley", incluye el borrador de la ley en su artículo 13.
En todo caso, el texto aclara que este visto bueno solo cristalizará si el Govern balear: "El informe a que se refiere el apartado anterior será emitido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el plazo de tres meses desde su solicitud, previa consulta a los Ministerios de Interior, de Industria, Comercio y Turismo, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Asuntos Económicos y Transformación Digital".
Está previsto que el borrador inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados el próximo mes de marzo. Actualmente el texto ya ha sido presentado al denominado consejo asesor de Medio Ambiente formado por ONG's y entidades ecologistas para que hagan sus aportaciones.
La ley de Cambio Climático balear establece la prohibición de comprar coches diésel a partir de 2025 y la misma prohibición para la adquisición de vehículos a combustión -la gran mayoría- desde 2035 con el objetivo de que la práctica totalidad del parque móvil de las islas sea eléctrico en 2050. Este calendario, pionero en todo el Estado, había sido puesto en duda por el Gobierno central, que sin embargo descartó recurrirlo al Constitucional.
El conseller de Transición Energética del Govern, Juan Pedro Yllanes, confiaba en convencer a su homóloga en Madrid de las bondades de su apuesta. El articulado provisional del borrador supone un espaldarazo a esta reivindicación.
El Govern quería aprobar un calendario al margen del estatal teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad del archipiélago ante el cambio climático, también por la enorme presión humana que soportan las islas sobre todo en temporada alta. De este modo, el Gobierno central ha ampliado esta especificidad también a Canarias.
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