O recorte o intervención directa de las cuentas bancarias de los colegios e institutos públicos de Balears. Fue el ultimátum de Hacienda a Educación al detectar el ahorro de veinte millones por parte de los centros educativos: bloquear el dinero en el banco de los centros y asumir el control directo de su contabilidad. Ante la amenaza, el mal menor: recortar sus asignaciones y obligarles a gastar su remanente para funcionar, tal y como han conocido esta semana.
Los directores de los centros educativos fueron informados el pasado jueves por parte del propio conseller Martí March de cómo se cocinó durante meses el recorte a sus centros que ellos descubrieron esta semana al comprobar la drástica reducción de su asignación para este 2020.
La maniobra financiera viene de lejos. Según aseguró March a los directores, hacía cuatro años ya que el remanente de los centros educativos estaba bajo la lupa de la Conselleria de Hacienda. Sin embargo, fue a partir de finales de 2018 cuando se intensificó el control y se empezó a advertir a Educación del volumen de ahorro de los centros educativos y la necesidad de aprovechar esos recursos.
Con el agua al cuello desde el pasado verano por el agujero en las cuentas del Govern y las malas previsiones para empezar a elaborar los presupuestos de este año, empezó un tira y afloja entre Hacienda y Educación. Para defender el recorte, la propia consellera Rosario Sánchez llegó a poner los 20 millones de remanente de los colegios sobre la mesa del Consell de Govern. Y ahí llegó el ultimátum al equipo de March: o se recortaban las asignaciones para 2020 y se obligaba a gastar el remanente o se intervenían directamente las cuentas bancarias de los colegios y se les bloqueaba los fondos.
A partir de ese momento se empezó a diseñar la fórmula legal para dar cobertura al recorte en función del remanente de los colegios e institutos: una disposición adicional en la ley de presupuestos para recortar la asignación a los centros que tuvieran en sus cuentas más de un diez por ciento de los fondos que, de lo contrario, habrían recibido.
En la reunión con los directores se reprochó a March no haber informado a los colegios con más remanente -el conseller les citó institutos con más de 100.000 euros en sus cuentas- para salvar a los colegios pequeños, más afectados.
Precisamente, la respuesta del director general de Planificación, Antoni Morante, de que esos centros habían sido informados, ha levantado las suspicacias en el seno de la comunidad educativa, de que hubiera institutos que sí conocieran los planes del Govern.
Dinero de la administración
Otro de las afirmaciones de Educación que dejó perplejos a los directores fue que todo el dinero que se ingrese en las cuentas de los colegios e institutos públicos se considerará dinero de la administración pública. Es decir: si a final del año sobra dinero de las cuotas que pagan los padres por material escolar o otros conceptos, Hacienda lo considerará suyo.
Tal y como ya informó el viernes este diario, la reunión entre March y los directores de los centros estuvo marcada por la tensión y el titular de Educación, que en todo momento atribuyó la medida a Hacienda, acabó escusándose por no haberles informado del recorte.
Los directores se encontraron el miércoles en su vuelta a las clases que el Govern les recortaba sus asignaciones y que les obligaba a gastar sus ahorros, en muchos gastos previstos para gastos concretos
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