Durante los seis primeros meses de este año se han abierto en las islas 40 expedientes ante posibles delitos contra la Seguridad Social, a los que hay que sumar otros diez casos que se encuentran ya en la fase de demandas judiciales, cometidos principalmente por grandes empresas vinculadas a la construcción y la hostelería, según los datos facilitados ayer durante la constitución de la comisión balear del Observatorio para la lucha contra el fraude al citado organismo público, del que además de la propia Administración también forman parte los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CAEB.
La asesora técnica responsable provincial de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, María Jesús Espinosa, indicó que durante los seis primeros meses de este año se han abierto entre 150 y 200 expedientes relacionados con este problema y enmarcados en cuatro grandes grupos. En uno de ellos se incluyen los 40 relacionados con posibles delitos vinculados al artículo 307 del Código Penal, es decir, cuando el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros, para los que se contemplan posibles penas de uno a cinco años de prisión.
A ellos hay que sumar otros 80 expedientes en relación a empresas ficticias, con cuatro que ya han sido declaradas como tales. Estas falsas empresas no tienen actividad y se usan para que sus falsos trabajadores puedan acceder a ventajas como prestaciones por desempleo o de jubilación.
También se han detectado 70 altas fraudulentas a la Seguridad Social por parte de asalariados, algunos de los cuales forman parte de las cuatro empresas ficticias antes señaladas.
Finalmente, hay 40 expedientes por posibles autónomos ficticios, y además otros siete han sido ya declarados así.
La directora provincial suplente de la Tesorería General de la Seguridad Social, Socorro Carbonell, destacó que el objetivo de la comisión balear constituida ayer es estudiar el comportamiento de los defraudadores e impulsar acciones contra ellos. Además, al formar parte de un Observatorio estatal, podrá registrarse un intercambio de información entre las diferentes provincias en esta materia.
Por su parte, el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, subrayó la importancia de esta iniciativa por cuanto los fraudes que se cometen contra la Seguridad Social conllevan un recorte en los recursos con los que se financia, por ejemplo, el sistema de pensiones, además de suponer en muchos casos una reducción irregular en las cotizaciones de los asalariados, con los que se calculará su futura pensión por jubilación o su derecho a prestaciones por desempleo.
Forman parte de esta comisión, además de patronal y sindicatos, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, y la Inspección de Trabajo, entre otros organismos públicos.
