La solución inmediata, ante interinos o contratados que llevan décadas desempeñando a plena satisfacción una función pública, consiste en darles un status equivalente al de funcionario. Otra hipótesis más imaginativa, y por ello descartada, consiste en pasar los funcionarios a la condición de interinos.
La crisis se tradujo en el conservadurismo del mercado laboral, donde la seguridad a precio reducido del empleo público se revalorizó sobre el riesgo del proceloso sector privado. Basta revisar el número muy menguado de funcionarios que abandonan voluntariamente sus puestos, porque encontrarán mejores condiciones fuera de la Administración.
El tránsito inverso hacia los empleos públicos viene propiciado en la mayoría de profesiones, desde luego en el periodismo. Una vez que la crisis y la reforma laboral de Rajoy han diezmado las tablas salariales, la carrera funcionarial ofrece atractivos más allá del carácter indefinido de la ocupación de un puesto. Ha mejorado su escalafón en el mercado, en especial en una comunidad que en la era Armengol ha sido generosa con la carrera profesional.
Cuando se resalta con razón sobrada que hay funcionarios que realizan un trabajo abnegado, y por encima de las exigencias inherentes a su puesto, se está reconociendo al mismo tiempo la vigencia de ejemplos que no cumplen de forma adecuada. Ambos están igualmente blindados, según demuestra un repaso del régimen sancionador.
La obtención de plazas vitalicias es un contrasentido incluso en una monarquía. La reforma de la Administración prometida desde Felipe González es imposible, según demuestra Andrés Villena en Redes de poder en España. El sistema no se autocorregirá.
