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Acusan a Matas de planear en Son Espases el "mayor amaño de Balears"

La defensa del expresidente niega que cometiera un delito de tráfico de influencias en la concesión del proyecto del hospital público

Acusan a Matas de planear en Son Espases el "mayor amaño de Balears"g. bosch

Las tres acusaciones del caso Son Espases, un juicio que ayer quedó visto para sentencia, acusaron a Jaume Matas de ser el autor del “mayor amaño que se ha cometido en Balears”, en referencia al proyecto de la obra pública más importante que se ha construido en las islas.

Tanto la fiscalía, como la abogacía de la comunidad autónoma, y el partido político Més, imputaron a Jaume Matas un delito de tráfico de influencias, por el que le reclaman un año de cárcel, además de prevaricación y fraude, dos acusaciones que sí acepta el expresidente del Govern. Ni Matas, ni los otros tres acusados (que han alcanzado un acuerdo) acudieron ayer a la última sesión del juicio, porque habían renunciado a su derecho a la última palabra.

El fiscal anticorrupción fue el primero en informar y mantuvo que Matas ejerció la jerarquía que representaba como presidente del Govern para influir en los funcionarios que tenían que acordar el nombre de la empresa que iba a realizar el proyecto. Por ese motivo entregó un sobre a la entonces consellera Aina Castillo, para que lo hiciera llegar a los responsables de la Mesa de Contratación, para que eligieran la oferta que había presentado la constructora OHL. “A Matas le interesaba manipular la decisión de la Mesa porque quería que la obra se adjudicara a OHL”, insistió el fiscal. En su informe recordó la declaración que realizó en la comisión parlamentaria Luis Bárcenas, extesorero del PP, que señaló que el dueño de esta constructora, Juan Miguel Villar Mir, era una de las personas que donaba dinero al partido. “Matas entregó el sobre a Castillo antes de que formalmente la Mesa hiciera la propuesta de contratación”.

También acusó a Matas de haber manipulado la contratación de una consultora, para que valorara las ofertas, cuando ya existía otra empresa que había sido contratada por la Conselleria para que se encargara de este trabajo.

La fiscalía reclama al expresidente una sanción económica de 30 millones de euros, que es la cifra calculada por OHL por el beneficio que iba a obtener por este proyecto público. La empresa ha demandado al Govern, reclamándole esta cantidad, ya que su oferta fue finalmente rechazada y se decidió contratar a la constructora Fomento, controlada por Florentino Pérez, que fue quien finalmente realizó la obra del hospital.

La abogada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, también resaltó que el intento de influir en la Mesa de Contratación “es una de las cosas más graves que se han cometido en la administración de Balears”. Recordó que la actuación de los miembros de este órgano de contratación debe ser independiente y que ningún político puede influir en su decisión. Sin embargo, según la letrada, Matas no respetó este principio, hasta el extremo de que consiguió la suspensión de la sesión en la que se iba a elegir a la oferta ganadora. Recordó Berrocal que la secretaría de la Mesa se negó a firmar un acta, que había sido redactada por su presidente (ya fallecido) antes de que los representantes se reunieran.

Sentencia ejemplar

El abogado de Més pidió una sentencia ejemplar y destacó la reunión que tuvo Matas en Madrid, dos años antes de regresar a Balears, en la que anunció a varios empresarios que se iba a construir un hospital y les señaló su ubicación.

El abogado defensor José Zaforteza se quejó de que la fiscalía hubiera mencionado la declaración de Bárcenas, cuando no era objeto de acusación. El letrado niega que su cliente hubiera cometido un delito de tráfico de influencias, entre otras cosas porque no tenía la capacidad de manipular a todos los integrantes de la Mesa de contratación. Afirmó también que la consultora que contrató la Conselleria se limitó a redactar las bases de la oferta pública, pero no a valorar los proyectos de construcción, porque carecía de técnicos. Por ello, se contrató a la otra consultora Global PM, reconociendo el abogado que la contratación fue amañada.

Afirmó el abogado en su informe que el delito de tráfico de influencias debe llevar aparejado un beneficio económico y en este caso no existe, según Zaforteza. También mantuvo que si Matas es responsable de dicho delito, también se le tendría que haber acusado de tráfico de influencias a la entonces consellera de Salud, Aina Castillo.

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