16 de abril de 2019
16.04.2019
Vivienda

El Govern empieza a multar a bancos y fondos buitre por no declarar sus pisos vacíos

Abre doce expedientes sancionadores que suman multas de 270.000 euros - Los inspectores examinan 5.700 inmuebles de grandes propietarios que no han sido inscritos en el Registro público

16.04.2019 | 17:55
En Son Gotleu se concentra un buen número de pisos de bancos y fondos buitre.

Con la legislatura cumpliendo el tiempo de descuento, el Govern ha activado la maquinaria para empezar a multar a los grandes propietarios de pisos vacíos que han eludido su obligación de inscribirlos en el Registro público de la conselleria de Vivienda o se han negado a colaborar con la administración.

Los doce expedientes sancionadores suman multas por valor de 270.000 euros -recurribles- y se dirigen, en su inmensa mayoría, contra entidades financieras y fondos buitre.

Doce inspectores dependientes de la conselleria de Vivienda que dirige Marc Pons -está prevista la incorporación de otros cinco próximamente- han trabajado en dos direcciones: inspeccionar las 1.039 viviendas vacías que ya figuran en el registro y tratar de aflorar otros inmuebles que sus propietarios han ocultado a la administración.

"El servicio de inspección ha identificado a una cuarentena de grandes tenedores, sobre todo entidades financieras y fondos buitre, que tienen 5.700 viviendas que no han inscrito en Balears", ha explicado esta mañana Pons. La gran mayoría, 4.434, se ubican en Mallorca.

Los técnicos ya han sometido a examen a 486 de esos pisos: el 60% estaban habitados -con contrato de alquiler u okupados irregularmente- y un 30% estaban vacíos y por tanto en fraude de ley porque sus dueños nos los han inscrito en el registro. El 10% restante resultaron ser "inaccesibles" al estar selladas puertas yventanas.

Los citados incumplimientos se han traducido en la apertura de seis expedientes sancionadores contra sendas entidades financieras por un monto de 30.000 euros para cada una de ellas: 180.000 en total.

Por su parte, la inspección de una pequeña parte de las 1.039 viviendas vacías que ya figuran en el Registro está a punto de dar algunos frutos: treinta de los 45 inmuebles ya revisados podrán destinarse en breve a alquiler social después de realizar "pequeñas intervenciones" para acondicionarlos, ha indicado Pons.

Otras diez estaban okupadas y las cinco restantes exigían "un nivel de reforma demasiado elevado para empezar a gestionarlas" en el corto plazo.

Sin embargo, los inspectores están chocando con la falta de colaboración de algunos de estos grandes propietarios, lo que también está penalizado como infracción en la ley de Vivienda autonómica. Por este motivo se han abierto cuatro expedientes sancionadores a cuatro grandes propietarios por valor de 15.000 euros a cada uno de ellos, 60.000 euros en total.

Finalmente, se han impuesto otras dos sanciones a dos grandes tenedores que suman 30.000 euros por no pagar no pagar los gastos de la comunidad de la finca.

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