25 de noviembre de 2018
25.11.2018

Centenares de pisos vacíos de fondos buitre escapan al control del Govern

Estas sociedades acumulan viviendas desocupadas por toda la isla y rechazan inscribirlas en el Registro público - El Ejecutivo lamenta su falta de colaboración y la PAH les acusa de llevar a cabo una estrategia "deliberada" para encarecer los alquileres

25.11.2018 | 02:45
Centenares de pisos vacíos de fondos buitre escapan al control del Govern

Los pisos de Divarian: okupados y destartalados

  • Muchos de los pisos que Divarian  acapara en Son Gotleu están okupados y en muy mal estado, lo que los descarta para ser inscritos en el Registro y su posterior cesión al IBAVI. Sábanas, ropa y bicicletas abarrotan unos balcones que deberían estar vacíos, como algunos de estos de la calle Tomàs Rullan, una de las arterias del barrio.

Los fondos buitre son los grandes ausentes del Registro público de viviendas desocupadas del Govern. Ni una sola de estas sociedades inscribió sus pisos vacíos para ponerlos a disposición del IBAVI en el plazo legal, por lo que el Ejecutivo autonómico se enfrenta a un desafío de envergadura: inspeccionar miles de inmuebles, detectar los que lleven más de dos años desocupados e imponer las correspondientes sanciones económicas a sus propietarios por no declararlos.

El Registro, una iniciativa incluida en la normativa autonómica a instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), servirá a largo plazo para despejar la gran incógnita que planea sobre el sector inmobiliario mallorquín: ¿cuántos pisos vacíos hay en la isla?

"Ahora tenemos un instrumento para hacer aflorar esos inmuebles y saber cuántos hay, pero a corto plazo nuestra prioridad es dar respuesta a los dos mil solicitantes que hay apuntados en la lista de espera del IBAVI para conseguir un alquiler social", explica Eduard Vila, director general de Vivienda y Arquitectura del Govern.

Desenredar la madeja

Cinco inspectores -está previsto que sean diecisiete durante el primer trimestre de 2019- rastrean en registros, empresas y otras administraciones para detectar las viviendas vacías que se levantan en la isla. Nadie sabe cuántas son, pero todo apunta a que las 859 inscritas hasta el pasado septiembre por 45 grandes propietarios de Balears son solo la punta del iceberg.

"Es pronto para saber qué porcentaje representan del total", afirma Vila. "Está claro que hay más, pero hasta que no hemos aprobado la ley no hemos encontrado ninguna colaboración ni por parte de los bancos, ni por parte de los llamados fondos buitre", lamenta Vila.

"Las viviendas que hay en el Registro no son ni el 10% del total", subraya Víctor Cornell, abogado de la PAH. Este letrado urge al Govern a investigarlas y advierte de que tanto los fondos buitre como las SOCIMIS (sociedades dedicadas exclusivamente a la inversión inmobiliaria) son ya "los mayores tenedores de vivienda en el Estado" gracias, entre otras cosas, a los beneficios fiscales que les concedió el Gobierno central en 2012.

"Están prácticamente exentos de pagar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En cambio, una familia sí tiene que hacerlo, endeudándose más", argumenta Cornell.

El actual parque de pisos de alquiler residencial no cubre una demanda muy superior, provocando que la burbuja de precios no pare de inflarse. "Hay una conexión directa con la entrada de este tipo de capital. No estamos ante una falta de oferta, sino ante un intento deliberado de controlar esa misma oferta en manos de unos pocos para encarecer el producto", denuncia Cornell.

Fiscalizar a este tipo de sociedades es un reto de envergadura porque a menudo están domiciliadas en paraísos fiscales y levantan múltiples sociedades pantalla para ocultar su rastro. "A veces tenemos identificados una serie de pisos vacíos propiedad de un banco. Y cuando queremos empezar a inspeccionarlos nos damos cuenta de que ya han sido adquiridos por un fondo buitre, lo que complica todavía más nuestro trabajo", subraya Vila.

No haber comunicado la existencia de un piso vacío a la administración en el plazo legal implica sanciones de 3.000 euros. La reiteración en esta infracción se penaliza con hasta 90.000 euros.

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