La Asociación de Interinos de Justicia, continúa con las acciones que sean necesarias en defensa del colectivo para evidenciar y solucionar la situación de fraude de ley en la que se encuentra el personal interino estatutario desde hace más de tres décadas, ante la continuada pasividad del gobierno. Para ello ha remitido simultáneamente diversos escritos reivindicando sus derechos al Ministerio de Justicia, Defensor del Pueblo Europeo, y Tribunal de Cuentas europeo, según ha informado la asociación en un comunicado.

"Por un lado queremos poner de manifiesto y evidenciar ante los organismos europeos , la falta de aplicación por parte del gobierno de acciones para desarrollar y aplicar los derechos del personal en fraude de ley que ya están siendo reconocidos en el ámbito de la justicia europea, y ante el inminente cese masivo de personal con las convocatorias interesando su implicación en orden a la investigación de miles de reclamaciones y quejas ante la comisión europea, respecto de las conductas discriminatorias , abuso de poder , mala gestión en que está incurriendo el gobierno y que ya fue sancionado por la comisión europea en el expediente sancionador 20144224, sobre Directive 10 1999/70/EC Less Favourable Treatment of fixed-term staff in the Spanish Public Sector.)

Con respecto del Tribunal de Cuentas Europeo, y en relación a las convocatorias dimanantes de las opes 2017 y 2018, en los Presupuestos Generales del Estado, hacemos hincapié en que los mismos e instamos a la Unión Europea a que elabore un informe sobre la falta presupuestaria del ejecutivo español, frente al posible coste social y económico de la política laboral aplicada al sector público solicitando al mismo tiempo al Tribunal de Cuentas que requiera al Gobierno de España para que emita un dictamen urgente sobre la necesidad de dar cobertura presupuestaria a sus decisiones en materia de personal. En este sentido, se insta a los organismos competentes al objeto de redactar una recomendación para que el Gobierno Español aplique una política de adecuada de recursos humanos del sector público y se adhiera a los principios de responsabilidad social y presupuestaria.

Por ultimo hemos querido poner de manifiesto al Ministerio la situación de discriminación que se está causando ante esta situación de abuso contraria a derecho europeo , así como una discriminación directa de igualdad de trato respecto los funcionarios del cuerpo de médicos forenses en la que recientemente la última convocatoria realizada se les requería únicamente a convocatoria una nota de corte del examen establece una calificación de 0 a 30 puntos con establecimiento de nota de corte en 15 puntos. En una línea bien distinta para los Cuerpos Generales establece una nota de corte de equivalente al sesenta por ciento de la puntuación posible, incluyendo en este parámetro a las diez mejores calificaciones por plaza, imperando este último índice, por el gran número de opositores que se presentan. Queda expuesta la total discriminación que estamos recibiendo.

Hemos ofrecido al Ministerio diversas propuestas alternativas para tratar y solucionar esta grave situación dada la situación creada con el trascurso de estos 30 años de acceso restringido y la vulneración sistemática de derechos debe llegar a su fin, y debiendo emplearse para ello soluciones excepcionales. Entendemos que existe marco jurídico aplicable a esta solución, la nueva redacción del artículo 484 de la LOPJ posibilita la aplicación del concurso de méritos establecido conforme al EBEP".