El Congreso de los Diputados tumbó el martes la reforma del alquiler más corta de la historia. El veto de Podemos, razonado en la negativa del Gobierno a fijar un tope a los alquileres, finiquitó hasta nuevo aviso una norma que había dado oxígeno a los inquilinos en forma de contratos más largos y un límite a las fianzas que debían afrontar.
El conocido como Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de alquiler entró en vigor el pasado 19 de diciembre y ha tenido una vigencia de 35 días Los arrendatarios que firmaron un contrato durante ese tiempo se beneficiarán de un alquiler más largo y de otras ventajas que incorporaba el fallido decreto. Pero quienes vayan a arrendar a partir de hoy van a tener que regresar a 2013, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) más garantista con los propietarios y claramente desfavorable para los inquilinos.
DuraciónDesaparecen los contratos de cinco años y vuelven los de tres
Era la medida estrella del extinto decreto: el alargamiento de los contratos de tres a cinco años. Siete, si el propietario era una empresa. Se regresa a la situación posterior a la modificación de la norma en 2013, cuando el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy escuchó las reivindicaciones de los propietarios, quejumbrosos porque arrendar sus pisos a un inquilino durante cinco años les parecía demasiado tiempo.
Nuevo paso atrás de los inquilinos, que seguirán obligados a renovar o firmar nuevos contratos cada tres años, algo que en la actual etapa de inflación de precios suele implicar importantes subidas de la renta.
Las prórrogas automáticas de los contratos también retroceden con la invalidación del decreto, de tres a un año.
Grandes propietariosLa cesión de pisos vacíos durante siete años queda en suspenso
El frustrado decreto recogía la ampliación de contratos a un mínimo de siete años en caso de que los propietarios fueran empresas -en particular bancos y fondos buitre-. Es decir, la inmensa mayoría de los dueños de pisos vacíos que deben inscribir por ley sus inmuebles en el Registro público de viviendas desocupadas del Govern para su posterior cesión al IBAVI.
El Govern ya se había puesto manos a la obra para fijar por decreto esa novedad en la ley de vivienda balear, pero el revolcón sufrido por el Gobierno el martes ha obligado a los técnicos de la conselleria de Vivienda a parar máquinas. Si nada lo remedia, el tiempo en el que el IBAVI podrá gestionar los inmuebles será de tres años, cuatro menos.
También queda en suspenso la norma que prohibía actualizar los contratos inferiores a 900 euros por encima del IPC.
Límite de preciosLa batalla por un tope a los alquileres sigue viva
Podemos condicionaba su imprescindible apoyo al decreto a que ofreciera herramientas legales a los ayuntamientos "tensionados" para que fijaran un tope máximo de precios. Palma entra en esa categoría de municipios, con un metro cuadrado que supera los doce euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez consideró que controlar los precios es de dudosa legalidad, pero nadie descarta que acabe aceptando introducir algún tope para garantizar la aprobación del decreto. Sería una importante conquista para muchos inquilinos residentes en Mallorca, sobrepasados por las burbujeantes rentas de la isla, aunque de momento hay sensación de derrota.
"Lo que ha pasado es negativo. Los que sufren esta falta de entendimiento son los ciudadanos, que salen perjudicados. El Real Decreto tenía elementos importantes como la duración de los contratos. Es verdad que no fijaba un límite de precios, pero podría decirse que hoy estamos peor que ayer", subrayó ayer Víctor Cornell, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca (PAH).
Gastos y fianzasLos inquilinos volverán a afrontar adelantos cuantiosos
La ley de Pedro Sánchez limitaba las fianzas que propietarios y agencias piden como garantía para alquilar a un máximo de dos mensualidades. Es otra de las principales reivindicaciones de los inquilinos que han caído en saco roto después de estar en vigor apenas 35 días.
De este modo, los caseros recuperan la capacidad de reclamar pagos en depósito de varias mensualidades, lo que en la práctica se traduce en desembolsos de miles de euros sin haber entrado todavía a vivir en el inmueble.
Con la derogación del decreto los inquilinos también tendrán que volver a pagar los gastos de gestión con la inmobiliaria y los de formalización del contrato, liberando a los caseros.
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