La fiscalía anticorrupción de Balears perderá la mitad de sus cuatro actuales fiscales, dos de los cuales pasarán a especializarse en asuntos económicos. Los cambios, que se están estudiando, coinciden con un declive de los casos de corrupción de políticos, funcionarios y empresarios y un auge de los casos penales económicos.
Fuentes de la fiscalía superior de Balears confirmaron ayer los cambios, aunque no dieron una fecha exacta para los mismos. Según las fuentes informativas, el nuevo modelo se centra en una reestructuración de las funciones de la fiscalía anticorrupción.
El área que dirige en las islas Juan Carrau desde su creación, en los años 90, investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. También asume la investigación de los delitos económicos cometidos por grupos organizados, salvo que sean de competencia específica de la fiscalía antidroga o de la fiscalía de la Audiencia Nacional.
Desde Matas a Ruiz Mateos
Los casos que investiga y lleva a juicio la fiscalía anticorrupción en las islas van desde la corrupción atribuida al expresident del Govern GovernJaume Matas hasta las presuntas estafas perpetradas en Mallorca por la familia Ruiz Mateos, pasando por la fallida gran operación contra la mafia rusa Tambovskaya, asentada en la isla y dirigida por el fugado Petrov.
Actualmente la fiscalía anticorrupción de Balears está integrada por cuatro fiscales: Juan Carrau, Laura Pellón, Ana Lamas y Juan CarrauAna LamasMiguel Ángel Subirán.
Subirán y Juan Carrau trabajan en el caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al magnate de la noche Bartolomé Cursach, y llevan la acusación pública en el caso Over, la supuesta financiación ilegal del PP de las islas con Jaume Matas y José María Rodríguez.
Laura Pellón lleva el caso Son Espases, el presunto amaño en la adjudicación del hospital público de referencia de las islas en favor de Juan Miguel Villar Mir, una causa que será juzgada en Palma en junio, e investiga el sumario de Cala Nova. Ana Lamas está de baja por maternidad.
La reestructuración coincide con una caída de causas nuevas en materia de corrupción, la liquidación de los flecos en forma de piezas separadas de otros sumarios y la proliferación de delitos económicos no vinculados a crimininalidad organizada. Entre los asuntos más complicados que quedan pendientes de instruir y enjuiciar destaca el caso Cursach.
Juan Carrau asumió el cargo de fiscal delegado anticorrupción de Balears en solitario, pero pronto pasó a ayudarle Pedro Horrach.
Tramas del PP y de UM
Carrau empezó con el caso Túnel de Sóller, un fleco de Brokerval y donde estuvieron acusados el entonces president del Govern Gabriel Cañellas y el secretario general del PP José Antonio Berastain, entre otros.
Los dos fiscales se dedicaron a combatir, con todas sus fuerzas, las tramas de corrupción del PP y UM y protagonizaron, desde 2006 al 2017, una exitosa guerra.
El inicio de la macrocausa contra la corrupción supuestamente auspiciadas por empresarios de la noche, como Bartolomé Cursach, y la complejidad de la larga vista oral del caso Nóos, llevaron a reforzar anticorrupción con Subirán y Lamas.
Más tarde, cuando Horrach dejó la fiscalía para dedicarse a la abogacía particular (2017) fue sustituido por Laura Pellón.
Los fiscales anticorrupción también fueron pioneros en trabajar de manera coordinada con grupos especializados de la Policía Nacional y la Guardia Civil y de propiciar una mayor colaboración con los inspectores de Hacienda, claves para la exculpación de la infanta Cristina en el caso Nóos y las condenas por delito fiscal de Urdangarin y Torres.
