Investigan las cuentas de los Cameron por las falsas intoxicaciones en hoteles

El juzgado de instrucción 2 de Palma ha ordenado a la Guardia Civil que investigue las cuentas corrientes de la familia Cameron, tres de cuyos miembros miembros están imputados por presuntas estafas a hoteles de Mallorcae con falsas intoxicaciones alimenticias de turistas. De forma paralela, un tribunal de Liverpool (Inglaterra) ha condenado recientemente a una familia de turistas de ese país que intentó estafar 50.000 euros a su touroperador y a un hotel de Benidorm, simulando haber estado enfermos, cuando pasaron alegremente sus vacaciones consumiendo mucho alcohol en el todo incluido.

Las pesquisas pretenden esclarecer si abogados y empresas de reclamaciones de Gran Bretaña pagaron a los Cameron por captar turistas que se prestaron a simular las intoxicaciones para que sus vacaciones les salieran gratis y ganar también una importante suma de dinero.

El juzgado ha oficiado a varios bancos donde los Cameron poseen cuentas para que aporten extractos y otros datos sobre los movimientos de esos depósitos. Estos datos serán analizados por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga el tema desde el verano del 2017.

La instrucción del caso sobre las presuntas estafas está ya casi concluida, aunque quedan dos flecos: las conexiones en Gran Bretaña con la trama mallorquina y el interrogatorio de algunos tiqueteros que figuran como investigados y que supuestamente ya no viven en Mallorca y se ignora su paradero.

Respecto a las conexiones inglesas, algunos abogados de las acusaciones particulares y populares en nombre de cadenas hoteleras de Baleares han barajado la posibilidad de pedir comisiones rogatorias a Inglaterra para que allí se investiguen a los abogados y empresas de reclamaciones que habrían llevado a los tribunales las falsas reclamaciones.

Laura Cameron, la empresaria de la noche de Calvià y principal imputada, reconoció en su declaración que recogía información de turistas británicos (como teléfonos móviles o identidades) para vendérselos a despachos y empresas de reclamaciones de consumidores británicos. Según Cameron, esos datos eran por si a los turistas les ocurría algún contratiempo en sus vacaciones y luego querían reclamar. En absoluto se les animaba a engañar a su hotel, apostilló Laura Cameron.

Las empresas a las que la encausada vendió información fueron Ruby Diamond, HH Law Limited y UK Holiday Claim. Cameron añadió que HH Law Limited le pagaba cinco mil libras por aproximadamente mil nombres y números de teléfono de turistas, mientras que con Ruby Diamond solo trabajaron un par de meses y sus pagos no eran fijos.

Sesenta millones de pérdidas

Cameron sostuvo que solo ordenó a sus tiqueteros que recopilaran datos de turistas unos pocos meses, entre finales del 2016 y primavera del 2017, y que no cobró comisiones por las demandas que finalmente ponían los turistas en Inglaterra.

La Guardia Civil quiere reconstruir con los análisis de las cuentas los flujos de dinero de las empresas de la familia Cameron y especialmente los cobros de sociedades inglesas y los pagos a los tiqueteros.

La Justicia británica empezó a poner coto a las falsas reclamaciones tras las quejas de España por las enormes pérdidas que suponían esas prácticas a hoteles de todo incluido, que la Guardia Civil cuantificó en más de 60 millones de euros.

En este sentido la sentencia del tribunal de Liverpool ha condenado a penas de cárcel a cuatro miembros de una familia de esa ciudad, que reclamaron en 2015 al touroperador Jet2Holliday 50.000 euros, que éste iba a repercutir a un hotel de Benidorm.

La sentencia declara probado que los acusados adujeron haber estado enfermos, con vómitos y diarreas, por algo ingerido en su hotel, cuando en realidad estaban divirtiéndose con una elevada ingesta de alcohol en el establecimiento.

Las fotos colgadas por los estafadores en las redes sociales han sido su perdición, así como el testimonio de los responsables del hotel, que controlaron su consumo de bebidas en esos días. La familia ha sido condenada a una pena cárcel, que ha quedado en suspenso y al pago de las elevadas costas procesales.