Scotland Yard no va a colaborar en la investigación de la trama de las falsas intoxicaciones alimentarias, que ha sufrido varios hoteleros de Mallorca, que les ha supuesto la pérdida de varios millones de euros. La Policía británica fue requerida, a través del sistema europeo de colaboración judicial y policial, para que colaborara en esta investigación, dado que el origen de la estafa se centralizaba en el Reino Unido.
Esta propuesta de colaboración fue planteada por la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Palma, que dirige la investigación. La magistrada elaboró un completo informe, señalando los despachos de abogados desde donde se impulsaban estas demandas, que se presentaban contra los touroperadores que habían contratado las vacaciones de sus clientes en Mallorca.
Desde el principio, Scotland Yard no mostró ningún interés en colaborar en esta investigación. La excusa es que no disponía de todos los documentos. Así lo comunicó al mediador internacional, que informó de ello al juzgado de Palma. La juez María Pérez no se dio por vencida y envió un informe mucho más extenso, para cumplir con los requisitos que le solicitaban desde Gran Bretaña.
Sin colaboración
La ampliación del informe ha sido insuficiente para convencer a la Policía británica de que debía implicarse en la investigación. Esta semana ha llegado al juzgado de Palma la comunicación oficial sobre la decisión adoptada en Gran Bretaña. Scotland Yard ha decidido que no va a colaborar, porque entiende que los hechos no se cometieron en Gran Bretaña, sino en otro país.
Esta decisión supondrá, en la práctica, que no se va a adoptar ninguna decisión que afecte a los despachos de abogados británicos y, posiblemente, tampoco a los turistas ingleses que presentaron estas demandas por las falsas intoxicaciones.
El juzgado de instrucción de Palma se limitará a actuar contra la trama descubierta en Mallorca, que consistía en un grupo de personas que se dedicaban a captar a turistas británicos, que se hospedaban en hoteles de todo incluido. Se les ofrecía la posibilidad de presentar una demanda, para financiar sus vacaciones. Los captadores, que se colocaban en las puertas de los hoteles, lo que hacían era facilitar a los abogados británicos los datos personales de estos turistas, a los que prácticamente se les garantizaban el éxito de las demandas.
Lo único que tenían que hacer los turistas era ir a una farmacia, comprar un medicamento para el dolor de estómago y, sobre todo, guardar el tiquet de la compra. Bastaba esta factura para denunciar una intoxicación en el hotel y solicitar una indemnización económica.
Esta trama ha ocasionado grandes pérdidas a varios hoteleros de Mallorca. La reclamación no se hacía directamente contra el hotel. Se planteaba frente al touroperador que había contratado las vacaciones. El cliente alegaba que había sufrido una intoxicación al consumir en este hotel y lo acreditaba a través de la compra del medicamento. Solicitaba una indemnización por las molestias gástricas que había sufrido.
Aceptación automática
La aceptación de estas reclamaciones por parte de los touroperadores era prácticamente automática. Se le pagaba la indemnización que reclamaban los clientes para evitar costosos pleitos judiciales y, sobre todo, para detener una campaña que podría dañar la imagen de la empresa.
Se pagaba porque el perjuicio económico no lo sufría esta empresa turística. La indemnización que pagaba, la descontaba después a los hoteles, que no podían demostrar que las intoxicaciones eran inventadas, puesto que en muchos casos las demandas se planteaban dos años después de la estancia del cliente en el hotel, lo que hacía imposible defenderse ante estas demandas.
Los despachos de abogados británicos ofrecían a sus clientes un reparto de los beneficios. Los letrados se quedaban el 60% del dinero y el resto lo cobraba el turista. La cantidad recibida sufragaba con creces la inversión por la contratación de la estancia en Mallorca. Es decir, las vacaciones le salían gratis a estos turistas.
Esta investigación judicial impulsada desde Palma lo que ha hecho, de momento, es paralizar dichas reclamaciones.
